La Comisión de Bioseguridad acuerda incrementar los requisitos a las empresas que se acojan a las liberaciones voluntarias
TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por un modelo de agricultura sostenible y ecológica, que produzca alimentos sanos y de calidad para todos, "y desde luego no por una agricultura intensiva y asociada al uso del transgénicos".
Así se expresó la directora general de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, en declaraciones a Europa Press, y dejó claro que el tema de los transgénicos viene regulado desde el ámbito europeo y no es una política del Gobierno regional. Castilla-La Mancha cultivó el pasado año 2008 4.800 hectáreas.
Tras la campaña iniciada por Ecologistas en Acción contra los trasgénicos en Castilla-La Mancha, Parras recalcó que "no es que la Comunidad Autónoma opte por este tipo de cultivos, pero tenemos que cumplir una normativa de obligado cumplimiento".
Parra, en el caso de los organismos modificados genéticamente, considera que la "prudencia y el rigor" son "imprescindibles", ya que es un asunto en el que concurren desde aspectos sanitarios, medioambientales, comerciales, científicos y éticos.
La directora general de Desarrollo Rural afirmó que en Castilla-La Mancha se aplica de manera rigurosa "nuestras competencias" en cuanto a la concesión de autorizaciones para ensayos y para experimentación sobre liberaciones de organismos modificados genéticamente.
Durante la reunión de la Comisión Regional de Bioseguridad, celebrada el pasado miércoles, día 25, el Ejecutivo autonómico adoptó una serie de medidas para la gestión de riesgos que van más allá de lo que la ley marca al Gobierno como mínimos a asumir.
Parra subrayó que la Consejería no va a autorizar ninguna liberación que no venga previamente con un informe de evaluación positivo de la Comisión de Bioseguridad, "que nos asegure que no hay riesgos ni para el medio ambiente ni para la salud".
NUEVOS REQUISITOS
La Comisión de Bioseguridad acordó incrementar los requisitos y las medidas que se van a exigir a las empresas que van a hacer estas liberaciones voluntarias. En primer lugar, el aislamiento de la parcela de ensayos será de 250 metros, superando en 50 metros la exigencia de los 200 que se pide por ley.
Además, se exigirá la siembra de al menos doce surcos de maíz no transgénico alrededor de los ensayos, surcos que deben ser destruidos con el resto del ensayo, es decir, estos surcos actuarán como barrera. Las parcelas, además, deben de estar protegidas mediante vayas metálicas que las aíslen de los depredadores.
El grano que se recolecta deberá ser convenientemente recogido y ha de ser incinerado y los posibles restos de cultivo deben ser destruidos. La limpieza de la maquinaria que se utilice para esta recolección debe ser limpiada en el campo de ensayos, según adelantó la directora general de Desarrollo Rural.
Según explicó Parra, los técnicos, desde el momento que se aprueba una liberación, hacen visitas regulares a las parcelas, desde la siembre hasta la destrucción de los ensayos.
En cuanto a la petición de Ecologistas para que el Gobierno declare a Castilla-La Mancha como región libre de transgénicos, Parra dijo que la Junta no puede impedir este tipo de cultivos puesto que hay una comercialización libre de este tipo de productos, "no podemos imponer a los agricultores que no los utilicen".
