CIUDAD REAL, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla-La Mancha mostró hoy su desacuerdo con la propuesta de congelación salarial de los empleados públicos realizada por el Gobierno "a través de los medios de comunicación y no en las Mesas del Diálogo Social y en la Mesa General de Función Pública", que según el sindicato debe ser el cauce natural de la articulación social de estos aspectos.
En nota de prensa, CCOO dijo que la congelación salarial es una medida que no contribuye en nada a salir de la crisis, pues la pérdida de capacidad de compra de los empleados públicos afectará al consumo y por tanto a la producción de bienes.
"Además, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha tiene una población de más de 2.000.000 de personas y que la totalidad de sus empleados públicos supone sólo un 6% de su población, la congelación salarial tiene una incidencia mínima sobre los Presupuestos Generales de la región", indicaron.
La recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos durante el 2008 (IPC previsto 2%, IPC real 1,4%), no es un porcentaje significativo teniendo en cuenta la pérdida de más de 10 puntos acumulados en años anteriores, indicaron desde el sindicato, desde el que apuntaron que cabría incorporar en la hipotética negociación con el Gobierno la inclusión de la cláusula de garantía salarial para estos trabajadores que garantice la no pérdida de poder adquisitivo.
Recordaron, por otra parte, que la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha negociado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) un acuerdo de mínimos a nivel regional para garantizar unas condiciones laborales y salariales básicas de las que carecen en la actualidad y que todavía están pendientes por la falta de firma del acuerdo.
La extensión de Castilla-La Mancha y el gran número de ayuntamientos pequeños donde en la mayoría no se cumplen los mínimos salariales ni tan siquiera los derechos básicos reflejados en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos es lo que nos ha llevado a la negociación de este acuerdo, matizaron.
"Entendemos que el argumento de la crisis económica, así como la existencia de más de cuatro millones de parados no debe cuestionar el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de los acuerdos y convenios colectivos firmados, con vigencias hasta el año 2010. Podemos moderar los incrementes salariales en la Mesa General de Función Pública a cambio de otras cuestiones, como la Oferta Pública de Empleo, pero en ningún caso vamos a consentir el incumplimiento de los acuerdos pactados y firmados con anterioridad", advirtieron.
