CIUDAD REAL, 12 Mar. (EUROPA PRESS)
El juicio por el doble crimen de la barriada de San Martín de Porres, ocurrido en Ciudad Real capital el 30 de julio de 2003, concluyó hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con la exposición de las conclusiones finales de todas las partes, a la espera del veredicto del jurado, que empezará a deliberar mañana, martes.
El fiscal se ratificó en su petición de 34 años de cárcel para José Silva Campos, como autor de dos delitos de asesinato en las personas de Rafael Fernández Campos y su hijo Manuel Fernández Pozuelo, además de un año más de prisión por un delito de lesiones en la persona de María Isabel Pozuelo Maya, mujer y madre, respectivamente, de los dos fallecidos.
Por otro lado, el Ministerio Público reclamó 17 años de prisión para la mujer de Silva, Manuela Fernández Pavón, y para un hijo de ambos, José Antonio Silva Fernández, por un delito de asesinato cada uno.
En el caso de José Silva, la acusación particular mantuvo su petición de 40 años de cárcel por dos asesinatos y tres años más por un delito de lesiones, mientras que para madre e hijo pidió 20 años de prisión, para cada uno de ellos, y, en caso de que la acusación de asesinato se quede en grado de tentativa, 12 años para cada uno de los dos.
Finalmente, la defensa de Silva solicitó la libre absolución por considerar que actuó en legítima defensa, aportando la alternativa de que, si se considera que esa legítima defensa es incompleta, se le aplique una rebaja de la condena total, mientras que la defensa de Manuela y de su hijo José Antonio insistió en la libre absolución al considerar que no habían participado en los hechos.
Sobre los testigos, algunos de ellos protegidos, que inculpan también a estos dos últimos, su defensa hizo hincapié en que no eran válidos porque varios de ellos, en el propio juicio, declararon estar a favor de los Fernández Pozuelo.
En los alegatos que cerraron el juicio, fiscal y acusación particular insistieron en sus versiones de que fue la familia Silva Campos la que inició la agresión y que la misma tenía relación con el hecho de que uno de sus hijos, Miguel, y otro de los Fernández Pozuelo, Ramón, en esos momentos, estaban acusados del crimen de otro joven en Puertollano.
De otro lado, las defensas incidieron en que los Fernández Pozuelo fueron los que iniciaron la trifulca y que los Silva Campos, ambos familias de etnia gitana, no portaban armas.
La última sesión de la vista oral se centró en el análisis balísticos de las armas que fueron incautadas en el lugar de los hechos y las que les fueron encontradas a los Silva Campos en Sevilla, donde huyeron y fueron detenidos tras la refriega, quedando confirmado que parecieron balas de un arma que no ha sido localizada hasta ahora.
