TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS)
El secretario primero de la Mesa de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, aseguró hoy que, dentro de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, en materia de agua "hay acuerdo total" entre PP y PSOE salvo "pequeñas matizaciones".
A preguntas de los medios, Fernández Vaquero confirmó, en este sentido, que el texto no contempla ninguna capacidad de blindaje y recordó que en un Estatuto no se puede establecer la caducidad de nada, por lo que la del trasvase Tajo-Segura "se verá si se plantea o no en una adicional".
Avanzó que el grupo de trabajo ya ha acabado una primera lectura, por lo que el texto "estará acabado dentro de poco", ya que en lo sustancial "y en mucha parte de lo accesorio estamos de acuerdo", y señaló que se intentará cerrar el texto antes que habilitar un periodo de sesiones en verano.
No obstante, a nivel general, consideró que con los estatutos "se ha frivolizado mucho" y que el texto de reforma catalán "ha establecido un manto de sombra sobre los demás" ya que un texto con una antigüedad de 20 años "no nos sirve" y necesita un cambio y un planteamiento global.
También anunció que está previsto que el nuevo secretario regional del PP, Vicente Tirado --que sustituye en el cargo a María Ángeles García-- entre a formar parte en el grupo de trabajo sobre el Estatuto.
Al respecto, el secretario primero de la Mesa de las Cortes lamentó la marcha de García porque es "una persona sensata, coherente y que ha aportado", aunque indicó que Tirado también es una persona "de sentido común".
REFORMA DEL REGLAMENTO.
De otro lado, Fernández Vaquero se mostró partidario, una vez concluida la reforma del Estatuto regional, de iniciar las conversaciones para la reforma de algunos aspectos del Reglamento de las Cortes castellano-manchegas "y me consta que al PSOE, al presidente de la Cámara y al PP también".
Según dijo, habrá que analizar esta reforma "no para poner esto patas arriba" pero sí para corregir "algunas disfunciones" como la conveniencia o no de que los miembros del Gobierno intervengan en una Proposición no de Ley o con tiempo tasado o que haya sesiones de control al presidente del Ejecutivo.
