TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma del sindicato CSI-CSIF avanzó hoy los resultados de un estudio sobre la austeridad del Gobierno de Castilla-La Mancha que refleja cómo, tras cuatro meses de estudio de las estructuras administrativas de las nuevas diez Consejerías, "todos los altos cargos siguen cobrando del erario público castellano-manchego sin ningún pudor, lo que demuestra que el anuncio de recorte de gasto tan solo es un brindis al sol y una falacia de cara a la galería y a la opinión pública".
En un comunicado, CSI-CSIF criticó la falta de criterio del Gobierno regional para cumplir su palabra de ahorro en la administración autonómica, pues la reducción de las Consejerías de 14 a 10 "tan solo ha supuesto un lavado de cara para engañar a los castellano-manchegos, pues el tiempo ha venido a demostrar que todos los titulares de las anteriores Consejerías, excepto uno, y sus colaboradores, continúan ligados a nuestra región, ya sea en empresas públicas, fundaciones u organismos próximos al gobierno Barreda".
El sindicato rechazó así la campaña "vendida" desde el Gobierno regional de racionalización de los recursos "cuando la realidad desmiente esos argumentos en favor del despilfarro que ha supuesto crear plazas específicas para recolocar a los asesores políticos, directores generales y delegados de las Consejerías eliminadas, en todos los casos con elevados niveles y complementos específicos".
CSI-CSIF recordó cómo Barreda aludió a "un gobierno muy austero para generar un gran ahorro, que alcanzaría al 26 por ciento de altos cargos" y añadió que "la reestructuración del Ejecutivo no se limitaría a los miembros del Consejo de Gobierno, ya que habría una reducción del 13 por ciento en las direcciones generales, y del 25 por ciento en las delegaciones provinciales".
Sin embargo, "esas palabras de José María Barreda quedan en entredicho con el acomodo de los altos cargos en las actuales Consejerías", lo que se agrava por la adecuación de la papelería a las nuevas Consejerías, el ajuste estructural de los servicios y otras muchas medidas, opuestas claramente a la contención del gasto, mientras que sí se complica el trabajo diario de la Administración.
Como ejemplo de esa falta de coherencia, el sindicato destacó cómo en la nueva consejería de Salud y Bienestar Social, los puestos de Secretaria General, Dirección General de Coordinación de Salud y Bienestar Social y Dirección General de Atención a Personas Mayores han sido calificados con rango de Viceconsejeros, en lugar de la calificación de Director General que tenían antes de la remodelación.
Además, en Presidencia han transformado la Dirección General de Coordinación en Viceconsejería, dentro del nuevo Gabinete de Presidencia se han incluido los asesores con rango de Director General; en la nueva Dirección General de Comunicación se incluyen la Dirección General de Coordinación Informática y la Dirección General de Promoción institucional y en la Consejería de Presidencia conviven la Dirección General de Comunicación, las Direcciones Generales de Coordinación y Secretaría General, todas con rango y emolumentos de Viceconsejerías, y la Dirección General de Relaciones con las Cortes.
Igualmente, se han creado puestos de Coordinadores de Agentes Medioambientales en la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, para dar salida a la supresión de Secretarios de Delegaciones, e incluso han aumentado los nuevos Coordinadores de Medio Ambiente en la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y se han creado puestos de Coordinadores Provinciales en la Consejería de Salud y Bienestar Social así como Jefaturas de Área de Coordinación, que no existían.
El sindicato también aludió a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Urbanismo, donde se ha creado una Jefatura de Área de nivel 30, del mismo modo que ha ocurrido en Aguas de Castilla-La Mancha, o la de Coordinador de Estudios, de iguales características, en la Secretaría General de Presidencia.
A esto hay que añadir la recién creada Delegación de la Junta en Molina de Aragón o los puestos para el pomposo Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, con 4 puestos eventuales y 16 puestos más para gestionar el plan.
"En definitiva, se trata de argucias administrativas para crear organismos capaces de recolocar a los descolocados, con el único afán de no dejar a nadie en la calle, aunque ello suponga desmentir las palabras y los compromisos públicos del presidente Barreda, que comprometen su palabra y sus vanas intenciones de austeridad en tiempos difíciles y de crisis para Castilla-La Mancha y para sus ciudadanos".
