TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha reclamado al Gobierno central 200 millones por la aplicación de la Ley de Dependencia, que es la aportación de la Junta de Comunidades dentro de los 350 millones que en su totalidad supone el desarrollo de esta normativa al año en Castilla-La Mancha. Además, ha dicho que si el Gobierno central no puede financiar la norma, se debería "cambiar ley" o reducir las prestaciones de la misma.
Lamata se ha expresado así a preguntas de los medios sobre el déficit que la aplicación de la ley supone para las cuentas regionales, en una rueda de prensa posterior a una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, José Francisco Rivas, y las responsables regionales de Cáritas y Cruz Roja.
El consejero ha explicado que en el acuerdo de financiación del Gobierno con las Comunidades Autónomas para la Ley de Dependencia se estableció una previsión de las prestaciones de las personas que tienen derecho a recibir ayuda, en función de unos baremos, ya que la ley tiene carácter universal.
Así, Lamata ha dicho que si cuando se redactó el acuerdo había una previsión de 10.000 dependientes en Castilla-La Mancha y en realidad "hay 37.000, esto hay que revisarlo, y la financiación tiene que aumentarse de manera muy importante".
En ese sentido, ha asegurado que la comunidad podría no haber reconocido esta ampliación de la citada previsión y no prestar ayuda a más personas, como, ha dicho, hacen otras comunidades autónomas, remarcando que no ha sido el caso de Castilla-La Mancha. Así, ha añadido que la ley "si se puede cumplir, aplíquese y si no se puede financiar, revísese".
CRÍTICAS POR LA DEUDA
Fernando Lamata ha señalado que "no vale criticar a las Comunidades Autónomas porque se endeudan" cuando esa deuda está generada por la aplicación de una ley nacional que "tiene que tener financiación regional completa". El consejero ha apuntado que "le disgusta profundamente" que se critique la deuda de las comunidades cuando éstas están llevando a cabo políticas sociales contempladas en leyes nacionales.
El consejero ha aseverado, no obstante, que el Gobierno regional no va a dejar de reconocer la prestación de las ayudas a las personas que lo necesitan porque "es un derecho por ley".
Por último, Lamata ha destacado el "esfuerzo" de Castilla-Mancha, en la aplicación de la Ley, lo cual, ha indicado, se ha visto plasmado en el dictamen del Observatorio de la Dependencia, que sitúa a esta comunidad como la primera en prestar las ayudas establecidas en la normativa.
