TALAVERA (TOLEDO), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato STAS-CLM acusó hoy que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) se "burla de los funcionarios y adultera la composición de los tribunales calificadores de los procesos selectivos".
En nota de prensa, el sindicato recordó que en el mes de abril de 2009 el equipo de Gobierno manda a los funcionarios un escrito para los interesados en formar parte de los tribunales de calificación, presenten la solicitud en el Ayuntamiento, en Negociado de Personal.
Así, el STAS-CLM, afirmó que posteriormente el gobierno publicita en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP el 21 de julio de 2009, la composición de los tribunales "en la que la mayoría que presentaron la solicitud son excluidos o relegados como suplentes".
Según el sindicato, en los tribunales se incluyen personas afines a los opositores, personas sin especialidad, personas afectadas por procesos selectivos anteriores año 2000 y año 2002-2004, pendientes de correcta ejecución de sentencia, "con la vulneración de la paridad entre hombres y mujeres, utilizando criterios arbitrarios que van a decidir la nominación de nuevos funcionarios".
A su juicio, el equipo de Gobierno "conoce tal situación sobradamente, máxime cuando ha designado la composición de los Tribunales de Selección a su antojo".
"No obstante, se permite el desparpajo de cargar en el Sindicato la denuncia expresa de las personas que, en su caso, estarían incursas en causas de abstención o recusación o que carecen de la necesaria especialidad para formar parte del Tribunal de Selección", criticaron.
De la misma forma, señaló que el 24 de septiembre de 2009 les comunicaron la desestimación del recurso de reposición presentado el 31 de julio por el STAS-CLM contra el nombramiento de los tribunales.
En ese sentido, consideraron que el "frívolo proceder del equipo de Gobierno, a la larga, puede generar enormes perjuicios, tanto a los aspirantes a las plazas de funcionarios, como a la propia Administración Municipal y con ello al erario público, dejando en entredicho la legalidad de un proceso que puede terminar anulado por los Tribunales de Justicia, por lo que entendemos que se dirige con cierto grado de irresponsabilidad y una enorme dosis de voluntarismo".
