PP pide a Junta que asuma la subida que demandan los funcionarios con recursos propios si la trasferencia no viene con medios suficientes
TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Angelina Martínez, avanzó hoy que la trasferencia de justicia a la Comunidad Autónoma está "a expensas de la finalización del conflicto" entre la Administración de Justicia y los funcionarios, y de que el Ministerio del ramo "se avenga a reconocer las peticiones de Castilla-La Mancha" en el capítulo de inversiones.
Así lo declaró la consejera, durante su intervención en un debate general sobre la situación actual del proceso competencial solicitado por el PP, en el que Martínez desveló que la negociación técnica de las competencias incluidas en el primer decreto --gastos corrientes y trasferencia de capital-- está "totalmente finalizada".
No obstante, falta llegar a un "acuerdo de costes" del capítulo 6, relativo a la cantidad anual que el Estado debe trasferir a la Comunidad Autónoma por importe del servicio y a las inversiones que se deben dar a la región para atender el déficit que padece en materia de infraestructuras.
En cuanto al segundo decreto, donde se incluye la gestión de los funcionarios de la Administración de Justicia, la titular de la Consejería afirmó que están pendientes de que finalice el conflicto sindical "para reanudar las negociaciones con las nuevas condiciones que resulten del mismo".
"Una vez despejadas ambas incógnitas no existen impedimentos ningunos para finalizar la negociación técnica", expresó Angelina Martínez, quien reconoció, por otra parte, que el conflicto laboral "ha obligado a revisar la carga de trabajo de juzgados y tribunales y la influencia en el cálculo de los costes de persona".
Finalmente, la titular de Justicia y Protección Ciudadana subrayó que en una negociación "no se pueden enseñar todas las cartas ni se pueden hacer públicas", y desveló que si Castilla-La Mancha no ha llegado todavía a un acuerdo es porque la oferta realizada "no satisfacía los intereses y necesidades" de la región.
TRASFERENCIA QUE NO LLEGA.
Tras la intervención de la consejera, la parlamentaria del PP Natalia Tutor insistió en que el de justicia es un "proceso negociador que no acaba de cerrarse" y una trasferencia "que no acaba de llegar", lamentando que, a pesar de las explicaciones ofrecidas por Martínez "tampoco conocemos datos exactos ni una fecha de traspaso".
De otra parte, Tutor instó al Grupo Parlamentario Socialista a decir "alto y claro" si apoyan las reivindicaciones de los funcionarios, que ya se encuentran en su octava semana de huelga, ya que en el PP consideran "que es justa y la apoyamos", y demandó al Ejecutivo regional que asuma con sus recursos propios la subida económica que solicitan si la competencia no viniese con la suficiencia de medios necesaria.
El diputado socialista Felipe Rodríguez Aguilar contestó al PP que el PSOE "apoya las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia", aunque recordó que los trabajos preparatorios previos a la firma de las trasferencias es algo "fundamental y decisivo" porque "luego no habrá vuelta atrás" y no importa tanto una fecha "como que las trasferencias vengan bien dotadas".
COBRARÁN MÁS DINERO.
Por último, la titular de Justicia y Protección Ciudadana, advirtió de que el Gobierno regional, incluso por boca del presidente autonómico, José María Barreda, ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a los funcionarios de la Administración de Justicia, y recalcó que la fecha exacta de la trasferencia "no la puedo dar, ni sería bueno que lo hiciera".
En cualquier caso, Martínez sí reseñó que el personal laboral se integrará en el convenio colectivo vigente en Castilla-La Mancha, por lo que solo "de un día para otro van a cobrar más dinero" y que la asunción de las competencias obligará a la creación de una nueva escala de trabajo.
El debate se cerró con la aprobación de una resolución del grupo mayoritario --que rechazó el PP-- en la que se insta a Gobierno central y regional a continuar las negociaciones para finalizar el traspaso y a garantizarlo "en las mejores condiciones". Los votos socialistas no permitieron que la propuesta del PP, pidiendo apoyo para las reivindicaciones de los trabajadores y exigiendo al Gobierno nacional que solucione el conflicto, prosperase finalmente.
