Tribunales.- El Ayuntamiento de la Puebla (Toledo) tendrá que pagar más de 23.000 euros por un despido improcedente

Actualizado: jueves, 17 mayo 2007 21:13

TOLEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Puebla de Montalbán (Toledo) criticó hoy la "cabezonería" del equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, que le ha llevado a ser condenado al pago de 23.000 euros por el despido improcedente de una trabajadora.

Según explicó en nota de prensa el Partido Popular, los hechos comenzaron cuando la alcaldesa de este municipio, Araceli Ladera, despidió a la trabajadora Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), sin consultar con el asesor jurídico del Ayuntamiento, por lo que la trabajadora demandó al Consistorio por estimar que su despido era improcedente.

El asesor jurídico del Ayuntamiento en aquel momento, que no había sido informado de la decisión de despedir a la trabajadora municipal, informó a la alcaldesa de que el caso iba a estar difícil ya que se había vulnerado el estatuto de los trabajadores, por lo que, de habérsele consultado dicha decisión, no hubiera recomendado llevar a cabo dicho despido tal y como se realizó.

El Juzgado de lo Social calificó el despido realizado de improcedente y en la sentencia condenó al Ayuntamiento a que se readmitiera a la trabajadora o que se la indemnizara con más de 23.000 euros.

Ante este resultado, Araceli Ladera, le pidió al entonces asesor jurídico del Consistorio que interpusiera un recurso contra dicha sentencia, algo a lo que el asesor se negó ya que estimaba que dicho recurso no prosperaría.

No obstante, la alcaldesa decidió rescindir el contrato verbal que existía entre el abogado y el Ayuntamiento, argumentando que el volumen de trabajo que tenía el Consistorio no podría desarrollarlo este asesor, contratando otro servicio jurídico que sí aceptó interponer dicho recurso.

NUEVA CONDENA

El recurso presentado también lo perdió el Ayuntamiento, por lo que al final el Consistorio, con el dinero de todos los pueblanos, ha tenido que indemnizar a la afectada con lo que en un primer momento determinó el juez, más los salarios de tramitación y los gastos que ha ocasionado el proceso del recurso a la primera sentencia, algo que ya había advertido el antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento y aviso al que la alcaldesa hizo oídos sordos.

Sin embargo, continúa el PP, "actuando como venganza personal", la alcaldesa interpuso una querella criminal contra la trabajadora despedida "sin importarle una vez más las consecuencias económicas que dicha decisión", situación ante la que el PP ha presentado un ruego para que se retire dicha querella y se reconsidere la admisión del anterior asesor jurídico, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a la trabajadora.