TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dado la razón a un particular que recurrió la sanción de 1.200 euros que le había impuesto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por efectuar un vertido de tierras en el cauce del río Tajo, a la altura de Los Navalmorales (Toledo).
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, las actuaciones administrativas se iniciaron a raíz del acta levantada el 26 de marzo de 2002 por los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Los Navalmorales, que denunciaron el vertido de tierras en el río en la 'balsa de lodos' de la gravera de la empresa 'Gravera Los Doraos S.L.'.
Los denunciantes extendieron la denuncia contra el recurrente, como titular de la empresa que gestiona la gravera, cuando el interesado era socio pero no administrador, pues aunque había sido administrador solidario junto a otro hasta octubre de 2001, se retiró de tal responsabilidad, pasando a contar la sociedad con un administrador único.
Además, la Sala del Alto Tribunal considera incorrecto que se dirija el expediente contra el recurrente, cuando la infracción fue cometida en el seno de las actividades de una cantera cuya titularidad "queda claramente establecida a favor de 'Gravera Los Doraos S.L.'".
"Resulta claro que la imputación debe dirigirse contra dicha sociedad, responsable de la gravera y de las infracciones que se cometan en el desarrollo específico de la actividad industrial que acomete, sin que proceda dirigir la acción contra el representante legal a título singular", aclara el TSJCM.
