VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León (Acalerte) ha presentado alegaciones contra el decreto de Sanidad que obliga a los centros residenciales de más de 100 plazas a disponer de farmacia hospitalaria al considerar que "lastra" al sector porque, "discrimina" a los usuarios y se realiza sin dotar de una medida presupuestaria.
El presidente del colectivo Acalerte, Diego Juez, este decreto "va en contra de la realidad del sector que se está adaptando al modelo 'En Mi Casa' que promueven junto a la Consejería de Familia y que convierte a las residencias de mayores en auténticos hogares para las personas mayores "no en macrocomplejos asistenciales impersonales que no escucha a la persona y no dignifica a los profesionales".
La organización regional, a la que pertenecen 230 empresas del sector de los Servicios Sociales en la región, se ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press así tras conocerse el contenido del proyecto de Decreto de la Consejería de Sanidad que traspone la normativa nacional.
En la misma se obliga a disponer de un profesional farmacéutico contratado en plantilla, es decir, con el certificado FIR (farmacéutico interno residente), la disposición de un laboratorio para fórmulas magistrales y de instalaciones propias de un hospital y que afecta también a aquellos centros que atienden a personas con diferentes capacidades.
Esta medida, ha explicado Acalerte, sólo se aplica a los centros privados y concertados, ya que los públicos podrán seguir empleando los recursos del Sacyl "obviando" las conversaciones mantenidas con el sector, y además considera que "lastra" el modelo que se está aplicando centrado en la persona que se está aplicando con éxito en la región.
"No entendemos como se ofrecen dos modelos diferenciados desde una misma Administración y más cuando el modelo socio-sanitario conocido como 'En Mi Casa' es un modelo de éxito", ha añadido Juez.
FALTA DE PROFESIONALES
Además, la organización considera que se realiza sin valorar la carencia de profesionales farmacéuticos con título FIR disponibles y con tan sólo un plazo de doce meses de tiempo para que los profesionales del sector puedan adaptar sus centros.
Por otro lado, Acalerte, que tiene presencia en las nueve provincias de Castilla y León, ha explicado que actualmente las residencias, que en el mundo rural son en muchos casos la única empresa abierta en algunos municipios, realizan las compras de los productos a la farmacia de cada localidad, por lo que la medida revertiría directamente en los pequeños negocios que no podrían seguir suministrando los productos debido a que los licenciados que disponen de un servicio público de estas características carecen del título que se demanda en este decreto el FIR y del que tan sólo se han convocado 267 plazas para toda España.
"Hay que tener en cuenta que un centro residencial no es un hospital, es la casa de una persona con más de 65 años que requiere de una atención específica (apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria), que cuando se pone enferma acude al hospital donde sí deben existir esos recursos", ha agregado Diego Juez.
