VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles por unanimidad la "necesaria y oportuna" modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (TGC) para que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Estado y evitar que los perceptores cobren menos ahora que con la prestación autonómica.
Tras reconocer que el IMV ha sido una "buena iniciativa" del Gobierno por su similitud con la RGC, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central al que ha acusado de haber generado más problemas que soluciones y de haber causado desigualdades que no existían hasta el momento hasta el punto de ser un "trampantojo para determinadas familias" con "repercusiones de especial trascendencia".
Según ha detallado, cerca de 40.000 familias han solicitado el IMV en Castilla y León de las que el Estado ha resuelto 21.500 y se han concedido 6.888 mientras que el resto, 18.500, están sin tramitar. "Esta es la realidad del IMV", ha aclarado Blanco que ha explicado que 3.000 familias tenían RGC que en un 22 por ciento de los casos han cobrado menos con el IMV que con la prestación autonómica con horquillas entre los 10 y los 700 euros.
"Detectada esta situación era prioritario encontrar una solución para apoyar a estas familias muchas de las cuales se encuentran en situación de pobreza extrema", ha explicado la consejera que ha reivindicado la "rapidez" de la Junta a través de una subvención directa a 672 familias por un importe de casi 400.000 euros como "solución provisional" para cubrir la diferencia entre lo que percibían y el IMV, a la espera de la solución "estable y permanente" que llega ahora con la modificación de la ley.
Con esta modificación se tendrá derecho a percibir como máximo la diferencia entre la cuantía de renta garantizada que pudiera corresponder en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, y la cuantía reconocida de IMV.
Por su parte, la portavoz de Familia del Grupo Socialista, Isabel Gonzalo, ha abogado por una adaptación más amplia de la prestación autonómica para evitar duplicidad de trámites y para regular la colaboración entre administraciones para garantizar su eficacia.
Gonzalo ha pedido una vez más a la Junta que el ahorro que va a suponer la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital se dedique a servicios sociales y ha defendido la conveniencia de que la Consejería publique semestralmente un informe para evaluar la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el impacto presupuestario, así como el resultado de la modificación aprobada hoy.
Por su parte, la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, ha hecho autocrítica y ha admitido "sin triunfalismo" que no está todo porque hay problemas por la falta de agilidad en la tramitación de la nueva prestación en la que se debe incluir a más familias.
Dicho esto, ha rechazado que el IMV haya supuesto un "trampantojo" y ha considerado "desvergonzado" que PP y Cs estén "hasta contentos" de los problemas burocráticos del IMV "cuando deberían estar profundamente preocupados y trabajar cada uno para solventar los problemas" en una cuestión estructural.
"Consenso vendo que para mi no tengo, están muy preocupados con el consenso pero no lo predican", ha afeado también Laura Domínguez en un llamamiento a la Junta a abandonar los "dardos" contra el IMV y a trabajen por lograr soluciones.
Finalmente, los dos partidos que sustentan a la Junta han reivindicado una vez más la gestión del IMV por parte de la comunidad autónoma, como se ha acordado ya con País Vasco y con Navarra. Además, han aclarado al PSOE que todavía no se ha producido un ahorro por el pago del IMV y han asegurado que cuando se produzca se reinvertirá "sin duda" en políticas sociales.
