VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Mario Amilivia, ha planteado este jueves la necesidad de aplicar medidas coercitivas con el fin de garantizar la rendición de cuentas por parte del sector público local, tras constatar en 2018 una caída de casi 11 puntos en este capítulo respecto del ejercicio anterior.
A 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre a efectos del informe), había rendido la Cuenta General del ejercicio 2018, un total de 3.343 entidades, que representan el 70% del Sector Público Local de la Comunidad..
En cuanto a los ayuntamientos, rindió la cuenta de 2018 el 77,1%, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al 79,6% registrado el ejercicio anterior. Por provincias, se reducen los niveles de rendición en plazo todas con la única excepción de Soria.
La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (75%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (cinco comunidades se sitúan entre el 86% y el 97%).
En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.
En cuanto a las entidades locales menores, Amilivia ha recordado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como causa de disolución de dichas entidades la falta de rendición de sus cuentas, lo que provocó que se pasase de índices del 2% en 2009 al 94% en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios.
Sin embargo, posteriormente se produjo un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65% para la cuenta de 2018, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.
A la vista de todo ello, el Consejo de Cuentas vuelve a proponer la necesidad de impulsar modificaciones legales para favorecer un nuevo avance en la rendición de cuentas.
Por una parte, mediante el establecimiento de las cuantías para la aplicación de las multas coercitivas como mecanismo para hacer valer el deber de colaboración de las entidades fiscalizadas y, por otra, condicionando el pago de subvenciones y trasferencias a la efectiva rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, se pretende acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal con el propósito de dotar a los informes de fiscalización de la mayor actualidad posible. Estas propuestas obedecen al Plan Estratégico del Consejo de Cuentas aprobado en julio del pasado año para el periodo 2019-2022.
También, el Consejo de Cuentas plantea una vez más reforzar su independencia y garantizar su autonomía funcional, en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España.
Asimismo, propone mejorar la gestión de sus recursos humanos, tratando el régimen y retribuciones del personal en coherencia con la dependencia orgánica de las Cortes de Castilla y León. Propuesta de modificaciones que es consecuente con el ejercicio constante de modernización y mejora que inspira la actuación de este órgano de control externo.
En esta línea, "manifestamos asimismo la disposición institucional a colaborar con aquellos organismos que eventualmente pudieran existir y que no generen un solapamiento de las competencias que el Estatuto de Autonomía establece en relación al Consejo de Cuentas, competencias que, en todo caso, podrían ampliarse en razón de las exigencias que la transparencia y la rendición de cuentas vayan demandando".
El planteamiento ha sido respaldado por los distintos grupos parlamentarios, cuyos representantes en la Comisión de Economía y Hacienda han coincidido al activar todas las alarmas ante el incumplimiento de las entidades locales a la hora de rendir cuentas.
A este respecto, el procurador del PP Salvador Cruz ha mostrado su "preocupación" por esa caída de 11 puntos en la rendición de cuentas del sector público local en 2018, en el que tan sólo cumplió el 65%, y se ha mostrado partidario de articular medidas para alcanzar niveles del 86% registrado en otras comunidades autónomas, al igual que el parlamentario del PSOE Luis Briones, quien ha calificado la situación de "disparate" y ha advertido de que la misma se ha vuelto "especialmente preocupante" desde el año 2014, tras constatar que un total de 267 ayuntamientos de la Comunidad están pendientes de rendir cuentas de distintos ejercicios.
