VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Mixto han dado el visto bueno este miércoles a la Ley de Transporte Público por Carretera de Castilla y León que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha definido como un "buen ejemplo" de consenso, como han compartido todos los grupos, y que ha reivindicado como una manera de hacer "política en mayúsculas" ya que todos los partidos han sido capaces de anteponer sus intereses generales a las necesidades de la Comunidad .
"Ha sido un trabajo codo a codo con los grupos para que confluyeran todas las sensibilidades", ha significado el consejero de Fomento y Medio Ambiente en su intervención en el trámite final de esta norma consensuada en fase de ponencia por lo que este miércoles no se ha mantenido viva ninguna parcial de los grupos, que en octubre plantearon dos enmiendas a la totalidad (Ciudadanos y PSOE).
Según ha explicado la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, aunque la formación naranja iba a votar en contra de la nueva ley por considerar que nace "obsoleta", tras "recapacitar" ha optado finalmente por la abstención en reconocimiento al "buen trabajo" realizado en la fase de negociación de las enmiendas que, según ha reiterado en sus críticas, no han sido suficientes, si bien ha expresado su confianza en que la nueva norma se pueda mejorar con sus desarrollo reglamentario, con el ejemplo del desarrollo del centro del coche autónomo en León.
En el caso del Grupo Podemos, que ha visto recogidas 23 de sus 24 enmiendas, Carlos Eduardo Chávez, ha expresado "cierto orgullo" por la aprobación de la Ley que, "en principio, sienta unas buenas bases para los próximos años", si bien ha advertido de que "la madre del cordero" estará en su desarrollo.
Dicho esto, ha advertido de que la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León podría haber ido más lejos ya que, para la formación morada, "carece de ambición" en reivindicaciones como el derecho a la movilidad en términos de derecho democrático para que los ciudadanos se puedan mover libremente por el territorio y puedan disfrutar de los derechos básicos fundamentales donde ve ahora "bastantes dificultades", con el ejemplo de que es más fácil ir de Soria a Madrid que a Valladolid.
Por parte del Grupo Socialista, Ana Muñoz de la Peña, se ha mostrado convencida de que las 35 enmiendas parciales del PSOE han ayudado a mejorar una Ley que, según ha recordado, arrastra un compromiso incumplido durante años pero se ha quedado con aspectos satisfactorios como el amparo legal al transporte rural a la demanda con la esperanza de que ahora "renazca de sus cenizas" ya que, según ha reconocido, se trata del "mejor sistema" para una comunidad como Castilla y León.
Finalmente, desde la bancada 'popular' la procuradora Isabel Blanco Llamas no ha ocultado su "alegría" tras constatar que el mensaje más utilizado en este debate haya sido el "consenso" en torno a una Ley "de todos" que, según ha asegurado, es además una norma "para el futuro" porque nace con vocación de adaptarse a los nuevos tiempos, como ha asegurado el consejero en su intervención en la que ha recordado que la ley no podía esperar porque en diciembre de 2019 se acabarán las actuales concesiones.
Según ha defendido el consejero con la nueva Ley Castilla y León da un "salto cualitativo" en la ordenación del transporte público de viajeros por carretera con el objetivo de ofrecer un servicio "seguro, eficiente, moderno y de calidad" y ajustado a una comunidad "del siglo XXI" y a sus "singularidades, peculiaridades y características".
También ha explicado que esas peculiaridades socio-territoriales exigen "soluciones diferenciadas" respecto de otras zonas del territorio nacional para lo que se reconocerá "por primera vez" el transporte público de viajeros por carretera como un "servicio esencial y universal" por su "trascendencia instrumental" para acceder en condiciones de igualdad al resto de servicios básicos.
Suárez-Quiñones ha destacado que la ley garantiza la accesibilidad universal del transporte público "en todo el territorio" donde haya un asentamiento fijo de población por lo que se convierte la movilidad en un "instrumento decisivo" en la lucha contra la despoblación. Para ello, declara el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como "servicio público de titularidad de la Administración" y, en consecuencia, responsabiliza a la Administración de la "adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema" que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la explotación de otros recursos adicionales y de las aportaciones públicas necesarias en el caso de que el servicio fuera deficitario.
Según sus datos, con más de 6.000 núcleos de población Castilla y León cuenta en la actualidad con más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte si bien se prevé la reducción de concesiones que rondarán las 80 para buscar el equilibrio entre la eficiencia y la calidad y dar oportunidades también a las empresas.
VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD
Otra de las novedades es que se tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte. Además, se incorporan las nuevas tecnologías al servicio del usuario y contribuye a la lucha contra el cambio climático al obligar a una 'movilidad sostenible' que será uno de los principios básicos de su aplicación.
Suárez-Quiñones ha significado también el reconocimiento legislativo del 'transporte a la demanda' y ha destacado la prestación conjunta de los servicios regulares de uso general y uso especial como herramienta adicional de optimización de los recursos destinados al transporte público con el "reconocimiento expreso" de la posibilidad de subcontratación, una figura "imprescindible" en un territorio tan extenso, en palabras del consejero.
Del mismo modo, ha destacado el régimen jurídico de los 'servicios integrados zonales' que serán "la fórmula preferente" de prestación de los servicios de transporte interurbano en Castilla y León desde el convencimiento de que es la que mejor se acomoda a las necesidades de movilidad.
En el ámbito del transporte urbano integra la regulación de la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León de 2002 y establece que los ayuntamientos pueden otorgar autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros en autobús, licencias para el transporte urbano en taxi y posibles autorizaciones de servicios de transporte turístico.
Por último, otorga protagonismo a las estaciones de transporte de viajeros por carretera para que Castilla y León cuente con infraestructuras modernas y adecuadas, destinadas al servicio público general, que respondan a criterios de modernización, máximo confort y seguridad. Para ello, se determinan unos requisitos homogéneos para todas pero adaptados al volumen de expediciones de transporte anuales.
