La afectada pagó por adelantado 9.000 euros pero no le pusieron tres de las catorce coronas previstas por no ser necesarias
VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La cadena de clínicas dentales Vivanta, gracias a la actuación de Facua Castilla y León, ha devuelto a una usuaria vallisoletana 1.200 euros de un tratamiento de implantología que no llegó a completarle por no ser necesarias finalmente todas las intervenciones presupuestadas.
Mercedes G.Q, residente en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, contrató en julio de 2019 con la clínica de Vivanta situada en la calle López Gómez de Valladolid un tratamiento odontológico que incluía varias intervenciones, entre ellas, catorce coronas dentales. En total, el precio ascendía a 9.000 euros, que la afectada pagó íntegramente por adelantado.
Durante el transcurso de las intervenciones, los especialistas de la clínica finalmente determinaron que no era necesario realizarle tres de las coronas que estaban previstas inicialmente, por lo que sólo le colocaron once de ellas. La usuaria reclamó entonces a Vivanta que le devolvieran la diferencia entre lo presupuestado y lo que habían ejecutado finalmente, que ascendía a 1.200 euros.
La clinica, sin embargo, no respondió a ninguno de los intentos de Mercedes por recuperar su dinero. Así, la usuaria decidió acudir a FACUA Castilla y León para que le ayudara a reclamar a Vivanta la devolución, tal y como dicha asociación informa a través de un comunicado recogido por Europa Press.
El equipo jurídico de la asociación se dirigió a la clínica odontológica para instarle a que abonara dicha diferencia, ya que cobrarle por una serie de intervenciones que no se habían ejecutado suponía una vulneración de la normativa.
En su escrito, FACUA Castilla y León recordaba que el artículo 1.544 del Código Civil recoge que "en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto".
Finalmente, tras la reclamación de la asociación, Vivanta ha procedido a reintegrar a la usuaria los 1.200 euros reclamados.
