VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la creación de un Registro Contable de Facturas para evitar la existencia de "facturas en el cajón", mejorar el control interno, reducir trámites administrativos e incrementar la transparencia ya que permitirá a los proveedores del Ejecutivo autonómico consultar la información sobre el estado de sus expedientes "cuando lo deseen".
Así lo ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha precisado que a partir de ahora se anotarán en este Registro Contable de Facturas las que tengan un importe superior a 5.000 euros tras lo que se trasladará la información al actual Registro de Documentos a pagar, que se mejora con el nuevo registro.
"Esto implica que se establece una doble inscripción de los documentos de pago de mayor cuantía, puesto que además de figurar en el registro general contarán con un apartado específico", ha indicado.
Según sus datos, la Junta de Castilla y León gestionó en 2013 un total de 541.992 facturas de proveedores de bienes o servicios, de las que por primera vez 3.540 se presentaron telemáticamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, que comenzó a funcionar en el segundo trimestre del año.
Para el portavoz de la Junta, se trata de una "cifra elevada" que conlleva una "importante carga de trabajo" puesto que como es preceptivo el contenido de todas ellas se graba en el Registro de Documentos a Pagar.
De Santiago-Juárez ha reiterado que este cambio operativo, que cumple con lo establecido en la normativa básica estatal, tiene como "segunda ventaja" una "sensible disminución de la tramitación administrativa", puesto que el procedimiento interno pasa a estar dirigido en su integridad por la Intervención de la Comunidad, y se establece como punto general de entrada la Plataforma de Facturación Electrónica de la Consejería de Hacienda.
Además, ha destacado que la "principal funcionalidad" del nuevo sistema es que permite canalizar toda la información sobre las facturas presentadas por los proveedores en los registros administrativos, "con independencia del soporte que hayan utilizado para ello". "En la práctica, esto supone que podrán consultar de inmediato su estado de tramitación cuando las hayan remitido electrónicamente", ha precisado.
En el caso de que las hayan entregado en papel, podrán conocer los mismos datos "con sólo formular una solicitud".
PERIODO MEDIO DE PAGO DE 28,97 DÍAS
De Santiago-Juárez ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha apostado en los últimos años por la aplicación de las tecnologías de la administración electrónica al seguimiento de los pagos, como la aprobación en enero de 2013 de dos normas que han supuesto "un notable avance en esta materia".
Así, ha citado el Decreto 3/2013 que creó la Plataforma de Facturación Electrónica que recibe los documentos que envían por Internet las empresas que contratan con la Junta y, junto a esto, les permite confeccionarlos 'on-line' en la propia web.
Por su parte, ha mencionado el Decreto 4/2013 que reguló el Registro de Documentos a Pagar, que ha permitido acortar los plazos de grabación y tramitación de las facturas y ha facilitado su seguimiento a través del Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL2), donde se encuentra integrado.
Del mismo modo ha recordado que durante 2013 el Gobierno de España modificó la Ley de Contratos del Sector Público para imponer a los proveedores la obligación de presentar sus facturas en los registros administrativos con indicación precisa de los órganos encargados de su tramitación, y acortó los plazos para que las Administraciones hagan efectivos los pagos correspondientes.
En la misma línea, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, fijó como metas la agilización de los procedimientos de pago y el control sistemático e informatizado de las facturas para erradicar la morosidad.
En función de estas dos obligaciones el periodo medio de pago global a proveedores se situó en 28,97 días en septiembre, una vez aplicado el nuevo método de cálculo establecido por Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. El portavoz ha informado de que este dato se puede consultar en la página web del Gobierno de Castilla y León en Internet, dentro del apartado de Hacienda y Finanzas Públicas, desde hace más de un año "lo que una vez más da fe del compromiso del Ejecutivo con la transparencia".
