Durante la pandemia 13 personas acogidas en centros de acogida tuvieron que ser aisladas por COVID-19
VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León ha ejecutado el cien por cien de los fondos destinados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, frente a los "problemas" de otras autonomías, con una media de ejecución del 25 por ciento, al tiempo que reclama un reajuste de las plurianualidades y que se permita la financiación con cargo en los capítulos destinados a personal y obras.
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su comparecencia en el Senado ante la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos sobre las Estrategias contra la Violencia de Género, donde ha desglosado el marco de actuación de la Comunidad en este área.
En su intervención, ha recordado que en 2018, la Comunidad ejecutó 7.508.928,87 euros con cargo a los fondos del Pacto de Estado. "Fue, sin duda, un año complicado para el desarrollo de las medidas a impulsar en este marco, tanto por las fechas en que se produjeron las transferencias de los fondos, cercanas al cierre del ejercicio económico, como por la poca claridad de las indicaciones contenidas en la normativa reguladora del Pacto de Estado", ha recordado.
En este sentido, ha apuntado, que cerca de cinco millones se destinó al área de asistencia en la que se incluyeron actuaciones en materia de equipos de acción social, apoyo psicológico y jurídico a las víctimas y sus descendientes, servicios de traducción e interpretación telefónica a víctimas, recursos de atención integral a víctimas de violencia de género con una doble vulnerabilidad, entre otros destinos.
En 2019, comprometió 7.440.357,22 euros, también, el 100 por cien del crédito transferido para el Pacto de Estado. Con cargo a ese crédito la comunidad pudo continuar su colaboración con las corporaciones locales para garantizar una atención social y psicológica a las víctimas de violencia de género. Durante 2019 han sido más de 600 los profesionales encargados de atender a las víctimas y 2.789 las mujeres atendidas, ha explicado Blanco.
En este punto, la portavoz en la comisión del PP, Mercedes Cantalapiedra, ha aplaudido el "compromiso" de Castilla y León en la ejecución tanto de los programas propuestos en el pacto como de líneas nuevas de actuación, cuando la media nacional en el resto de autonomías se sitúa en el "25 por ciento".
Una interpelación que ha servido para que Blanco reivindicara mejoras en el acceso a la financiación de estos fondos. Así, ha explicado como en una de sus reuniones con el Ministerio de Igualdad puso "sobre la mesa" la financiación del pacto. "El Ministerio nos decía que para financiar los programas COVID realizados tiráramos de los fondos del Pacto de Estado que no se habían justificado, pero Castilla y León tenía un problema porque lo había justificado, en tiempo y forma, al cien por cien por lo que no pudimos acceder a ellos", ha explicado.
De ahí que Blanco considere importante un "reajuste" en las plurianualidades de los fondos y de las justificaciones de los programas para permitir la financiación con cargo en los "capítulos I y VI", destinados a personal y obras.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha reclamado la necesidad construir un sistema de indicadores de evaluación estatal y desagregados por Comunidades Autónomas, ya que, a su juicio, supondría un apoyo importante para definir objetivos, consolidar procesos de evaluación y seguimiento.
De la misma manera, el fomento de la investigación y la innovación constituye para Blanco, "una necesidad urgente, que debe realizarse con el mismo espíritu que inspira la labor científica: la colaboración y la transparencia". "Nuestro compromiso con el Pacto de Estado es firme y consideramos que identificar avances, constatar limitaciones
y detectar áreas de mejora es el mejor vehículo de expresión
de esta lealtad", ha explicado.
REORIENTAR MODELO OBJETIVO VIOLENCIA CERO.
La dirigente del Gobierno autonómico ha detallado como Castilla y León "operativiza" el pacto y cómo ha reorientado el Modelo 'Objetivo Violencia Cero'. Un modelo, ha recordado, que es el resultado de un "largo" proceso en el que se han ido construyendo sus principales elementos y que contó, desde el principio, con la colaboración e
implicación de todos los agentes e instituciones, públicas y
privadas, que en Castilla y León intervienen en la atención y
protección a víctimas de violencia de género.
"El fundamento esencial del mismo es la integración con el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, que le dota de un enfoque proactivo incidiendo en la detección precoz de las situaciones de maltrato. La atención integral centrada en la persona, reflejada en un proyecto individualizado: una mujer, una respuesta. Una atención próxima y homogénea, que garantice el acceso a recursos independientemente del contexto residencial, garantizando y reforzando la atención en el mundo rural y, por último, la colaboración institucional y el trabajo en red", ha explicado.
El Pacto de Estado, cuyas medidas comenzaron a ponerse en marcha a partir de 2018, ha coadyuvado, a través de sus fondos, a consolidar y reforzar el modelo regional de atención, ha asegurado Blanco que ha recordado que en 2019, los profesionales formados en esta materia en Castilla y León han sido 5.534. También ha "mejorar" en el objetivo de la prevención y atención integral, desarrollando actuaciones,
creando recursos y gestionando prestaciones, de las que se han beneficiado las casas de acogida y centros de emergencia, los Servicios de atención e información especializada, el servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género y para la insercción laboral, el de atención psicológica y la gestión de ayudas económicas dirigidas a favorecer la autonomía e independencia
económica de las mujeres víctimas.
Además de estas medidas de respuesta, Castilla y León ha seguido avanzando en la detección precoz de situaciones de violencia de género y en la activación de recursos de atención, aún antes de la formalización de una denuncia. "En este sentido, se está intensificando la colaboración con la administración sanitaria y educativa, desarrollando pautas y guías específicas para la detección y derivación a Servicios Sociales para su atención a víctimas", ha añadido.
CONFINAMIENTO.
También ha relatado las actuaciones de la Junta durante la duración del Estado de Alarma, donde se dieron "continuidad" a todas las
prestaciones y se "incrementaron" los esfuerzos con el objetivo de garantizar, en esta excepcional situación, la atención integral a las víctimas, a todas las personas dependientes de ellas y a las demás
mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
"El incremento en el número de mujeres atendidas en las casas de acogida y centros de emergencia ha podido ser asumido con los recursos ordinarios sin que hayamos tenido que acudir a soluciones habitacionales distintas de las disponibles con carácter habitual. A la finalización del estado de alarma la ocupación de casas y centros de emergencia está por debajo del 50%", ha apostillado para apuntar que durante el estado de alarma un total de 13 personas tuvieron que permanecer en aislamiento. "A fecha actual no hay ninguna persona en aislamiento, estando operativos para ingresos todos los centros", ha explicado.
Por último, ha recordado que la Junta ha puesto en marcha de un proyecto nuevo para dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas durante el período de alarma, como es 'Mujeres Atrapadas' destinado a mujeres prostituidas o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Así, ha atendido a más de 900 mujeres y realizado 8.400 intervenciones, ha recordado Blanco, que ha asegurado que mujeres de otras autonomías han acudido a Castilla y León para acogerse a él.
