VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha conocido este jueves la declaración de emergencia de la contratación de diversos suministros y servicios con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, por un importe de 10.620.516 euros.
Dada la necesidad de hacer frente, de manera urgente, a la crisis sanitaria fue necesaria la adquisición de diferentes componentes de equipos de protección individual y otros de logística para gestionar la situación de emergencia.
Se trata de 13 órdenes de emergencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para hacer frente a la pandemia, en la que fue necesaria la adquisición de diferentes componentes de equipos de protección individual, así como diversos equipamientos y ejecución de actuaciones para gestionar la situación, todo por un importe de 10.620.516 euros.
Los contratos incluyen la compra de 12,6 millones de mascarillas y 6 millones de guantes, por un importe de 9.373.200 euros. El resto de los suministros incluyó productos de limpieza, prendas para los voluntarios de protección civil, adecuación de redes en salas del 112 y materiales de protección para vehículos, por un importe de 1.247.316 euros.
Este es la cuarta contratación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente declarada de emergencia que conoce el Consejo de Gobierno, tras las comunicaciones de los pasados 14 y 28 de mayo y 11 de junio, con importes de 5,4 millones, 28,5 millones de euros y 10 millones respectivamente, que con los conocidos hoy suman 54,5 millones de euros.
La emergencia de la contratación vino justificada en todos los casos en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Su artículo 6 habilita a cada administración a conservar las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y, sin perjuicio, de lo establecido en los artículos 4 y 5.
En este sentido, la Ley 4/2007 de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León determina que con el objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en toda la Comunidad, la Junta de Castilla y León establecerá los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento integral y coordinado del Centro de Castilla y León 1-1-2, el centro de asistencia ciudadana y los correspondientes servicios de asistencia, siendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la competente en la materia.
Dada la necesidad de hacer frente, de manera urgente, a la pandemia generada por el citado virus fue necesaria la adquisición de diferentes componentes de equipos de protección individual, así como de diversos equipamientos para gestionar la situación de emergencia, lo que justificó la tramitación por la vía de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
