LEÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, ha presidido este lunes una nueva reunión del grupo de trabajo para el análisis de la estructura de prestación de servicios a los leoneses por parte de las administraciones en la que se ha estudiado el anteproyecto de la Ley para racionalización y sostenibilidad del Gobierno y su compatibilidad con la propuesta de la Junta.
En este nuevo encuentro, en el que han participado los representantes de los diferentes partidos políticos en la institución provincial y los de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, ha estado presente, además, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, que ha presentado el documento denominado 'Análisis del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad' con particular atención a su incidencia en la Diputación Provincial.
Este documento analiza pormenorizadamente el informe que el pasado 13 de julio conoció el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria. En primer lugar, el documento se refiere a la racionalización administrativa que conllevará el fortalecimiento de las Diputaciones y su atribución de competencias en supuestos de prestación ineficiente de los servicios por parte de los ayuntamientos.
Analiza también la clarificación de las competencias locales, el cumplimiento de la legalidad económico-financiera y presupuestaria y, en último lugar, la regulación de los habilitados estatales y personal al servicio de las entidades locales, según informa la Institución provincial en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.
Tras la exposición de este documento elaborado por Quintana, el grupo de trabajo ha puesto el texto en relación con el catálogo de competencias y servicios elaborados por la Mesa para la Ordenación del territorio propuesta por la Junta de Castilla y León, el cual se encuentra en trámite de alegaciones y sugerencias, hasta el próximo de 20 de septiembre de 2012.
Después de comparar ambos documentos, el del Estado y el de la Junta de Castilla y León, el grupo de trabajo ha considerado que la institución provincial debe poner especial atención en determinados apartados.
En primer lugar, respecto a la sanidad, han afirmado que en la nueva regulación de la Junta de Castilla y León los consultorios médicos, que actualmente mantienen los ayuntamientos, han de ser gestionados íntegramente por la Comunidad Autónoma, en los mismos términos que los Centros de salud, pues esta es la nueva regulación que plantea la modificación de la Ley de bases de Régimen Local del Estado.
En la misma línea, el anteproyecto de Ley estatal excluye expresamente del ámbito competencial municipal el mantenimiento de los centros escolares por lo que el grupo de trabajo ha acordado solicitar a la Administración Autonómica que el mantenimiento de los centros educativos deje de recaer sobre los ayuntamientos y sea asumido por la Junta, que es la titular de las competencias en educación.
Respecto a la comarca del Bierzo, se ha considerado necesario que en la ordenación territorial propuesta por la Junta de Castilla y León se definan claramente las competencias del Consejo Comarcal de Bierzo.
El grupo de trabajo ha valorado que, dada la nueva distribución competencial que se plantea, en especial con la nueva atribución de servicios a las diputaciones provinciales en supuestos de inadecuada prestación por las entidades locales, es "imprescindible la definición de un nuevo modelo de financiaron que garantice la prestación de los nuevos servicios de manera eficaz".
Por último, Tomás Quintana ha puesto de manifiesto que el modelo estatal limita la creación de nuevas mancomunidades y el autonómico plantea nuevos distritos por lo que son "incompatibles". Esta circunstancia será también trasladada a la Junta para su valoración de cara a la nueva regulación normativa que propone esta administración.
