VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Valladolid ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria de este jueves la propuesta de Toma La Palabra (VTLP) para instar a la Junta de Castilla y León a desarrollar una Ley de Artes Escénicas y la proposición de Sí Se Puede (SíVA) para implementar la lectura fácil en publicaciones y actos institucionales y para su divulgación en las bibliotecas públicas de la provincia.
La diputada de VTLP, Esther Mínguez, ha conseguido la aprobación, por unanimidad, de su proposición para instar a la Junta a que desarrolle una Ley de Artes Escénicas, una acción demandada por la Asociación de Artes Escénicas de la Comunidad (Artesa) en su 'Pacto por la cultura', presentado en 2018 a las Cortes, que pretende que los agentes que conforman este sector tengan "más atención", se garantice la estabilidad del sector y se fomenten programas por parte de las instituciones.
Al respecto, el portavoz de SíVA, Héctor Gallego, ha incidido en que aún existe una "programación deficiente" que debe ser respaldada por una legislación que facilite la "excelencia artística" en los espacios escénicos de titularidad publica. Asimismo, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha añadido que respalda el pacto porque debe servir para "propiciar" un "mayor" respeto y estabilidad al sector.
Por su parte, el socialista Julio del Valle ha apuntado que esta ley debe llevarse a cabo con el objetivo de asegurar el acceso de la ciudadanía a una cultura de "calidad" y promover la profesionalización del sector de las artes escénicas de la Comunidad, el cual, como ha recordado, ha sufrido "años de recortes excesivos", "precariedad laboral" y preocupación por la supervivencia de compañías.
"Por encima de eso, nuestros grupos siguen a flote, muchos de ellos aún son referentes en el ámbito nacional y viven con preocupación como compañías de otros territorios si son apoyadas con leyes y financiación", ha subrayado.
Asimismo, la diputada popular Inmaculada Toledano ha mostrado su acuerdo con la proposición, pero ha recordado que por parte de la Consejería de Cultura y Turismo y de la institución provincial se ha trabajado de "forma óptima" para favorecer la presencia de compañías de la Comunidad en los circuitos y programaciones que realizan.
LECTURA FÁCIL
Por otro lado, SíVa ha logrado la aprobación por unanimidad de su proposición para la implementación de la lectura fácil en formato físico y digital de las publicaciones y actos institucionales, así como para su divulgación en las bibliotecas, bibliobuses, centros ocupacionales o aulas de cultura de la provincia, la cual, como ha explicado Gallego, incide en la adaptación de los documentos "de mayor impacto institucional".
"Debemos garantizar el acceso de todos a la información pública, parece un tema sencillo pero es realmente importante", ha señalado al respecto Pilar Vicente, quien ha respaldado la propuesta. Igualmente, Esther Mínguez ha reiterado la importancia del acceso a la información como un "derecho de todos para ser más autónomos" y su "necesidad" porque "muchos" de los textos institucionales tienen "exceso de tecnicismos, síntesis compleja y presentación poco clara".
Por parte del PSOE, Carmen Aceves ha reconocido que la Diputación ya ha desarrollado "numerosas" acciones en este sentido, pero ha abogado por "hacerlo más fácil" y llevar a cabo esta "solución parcial" que tiene que completarse con otras para dar la posibilidad a todos los ciudadanos, sobre todo a mayores, inmigrantes y personas con discapacidad, de acceder a los recursos de información "en igualdad de oportunidades".
La popular Noelia Vera también ha votado a favor de esta iniciativa, pero ha hecho hincapié en que la Diputación "hace ya tiempo" que ha puesto en marcha acciones vinculadas a la proposición porque es "algo lógico", como la actual adaptación de la página web de la institución a lectura fácil, ha ejemplificado.
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
El Pleno también ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, la petición de Ciudadanos para que la Diputación tome medidas para implantar una "administración participativa" con un concurso anual de propuestas "positivas y novedosas" entre los empleados públicos, con el objetivo de mejorar los procesos internos y los servicios que se prestan, como ha explicado Vicente.
Aunque ha apuntado que esta medida puede producir "presiones" en los trabajadores por no reconocerse sus propuestas o que éstas puedan usarse políticamente y generar conflicto, Héctor Gallego ha confiado en la propuesta como "idea futura" para "garantizar" la participación.
Por su parte, el portavoz de VTLP, Salvador Arpa, ha mostrado sus "dudas" sobre si un concurso era la acción "más correcta y eficaz", pero finalmente ha respaldado la proposición porque ha considerado que la participación mejora la calidad de los servicios que se prestan y la percepción "en positivo" de los vecinos.
Sin embargo, el diputado socialista Pedro Pablo Santamaría ha rechazado la propuesta de la formación naranja porque, a su juicio, las propuestas de los trabajadores se tienen que escuchar a diario y no solo una vez al año con un concurso. "Estamos de acuerdo en que hay que saber escuchar, pero nos gusta hacerlo todos los días", ha agregado.
LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS
Por otro lado, a propuesta del PP, de la mano del diputado Agapito Hernández, se ha aprobado por unanimidad el solicitar al Gobierno central que se impulse a flexibilización, revisiones y modificaciones "oportunas" de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con los pequeños municipios, de manera que se atienda al respeto "más absoluto" de los principios de transparencia y buen gobierno pero con una gestión "más sencilla y eficaz" de la contratación local.
Gallego ha respaldado la propuesta y ha afirmado que aunque es una ley de "gran" utilidad para desentrañar las "corruptelas", esto funciona en los grandes municipios pero no en los pequeños por la "falta" de recursos humanos y técnicos para aplicarla, lo que, como ha lamentado, deriva en un "retraso" de la contratación.
Pilar Vicente ha matizado que desde la puesta en marcha de esta ley se notado un "aumento significativo" en la carga de trabajo y en las "exigencias" a los consistorios de pequeños municipios. "Se pueden estudiar otro tipo de sistemas que beneficien la ley pero que no supongan un problema para el personal funcionario de los pueblos", ha resaltado.
Asimismo, Arpa ha defendido la adaptación de esta ley para mejorar las "dificultades" que pone a los ayuntamientos de municipios pequeños, una situación que se tiene en cuenta en Valladolid porque el 90 por ciento de localidades corresponde a este tipo.
Por último, el diputado socialista Carlos Mangas ha confirmado el respaldo de su grupo a la propuesta de modificación puesto que la medida se realizó "a espaldas" de los ayuntamientos pequeños y metiendo "en el mismo saco" a consistorios como el de Madrid y a Alaejos, lo que ha derivado en la problemática de que los municipios se encuentren "saturados" por la cantidad de documentos a tramitar.
"Nos encontramos con una clara merma de competencias municipales en las localidades, lo que favorece la contratación de empresas privadas", ha criticado Mangas, para expresar que espera que la modificación de la ley pueda "mejorar la vida" de los municipios pequeños.
