La funcionaria de la Junta niega haber filtrado a la UTE información privilegiada y defiende la exquisitez del procedimiento administrativo
VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La funcionaria de la Consejería de Fomento Belén G.G, acusada de amañar en 2010, junto con su superior jerárquico, Jesús M.A, y los administradores de las empresas de ingeniería Civil 4 y Eipsa, Diego B.D. y José Antonio Ll.J, respectivamente, la adjudicación de la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo, ha defendido este miércoles la exquisitez del procedimiento admnistrativo celebrado pero ha reconocido haber percibido de la primera de ambas sociedades dos jamones y cuatro botellas de vino.
En diciembre de 2010, Belén G.G. recibió un jamón y dos botellas y al año siguiente idéntico presente, aunque la procesada, en la primera sesión del juicio iniciado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, ha enmarcado dichos regalos en una "costumbre del periodo navideño, un detalle de la gente con la que estás trabajado, algo que entonces se hacía en otras administraciones y que, si bien puede no parecer adecuado, no supone delito alguno pues es un uso social establecido".
La que aún sigue siendo técnico facultativo del Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General de Carretera, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha alegado que llegó a barajar la devolución de los presentes pero no lo hizo "porque parecía de mal gusto", si bien ha reiterado durante su interrogatorio, afrontado con aplomo y sin titubeo alguno, que el embutido y el vino recibidos de una de las integrantes de la UTE adjudicataria de un contrato por 400.000 euros para nada puede relacionarse con un supuesto trato de favor en el proceso.
Aunque el Ministerio Fiscal imputa a los cuatro procesados haberse puesto de acuerdo para asegurarse que el contrato recayera en la UTE formada por Eipsa-Civil 4 S.L, confeccionado un pliego técnico y administrativo que encajase como un guante en las aptitudes reunidas por ambas empresas, Begoña G.G, quien redactó ambos documentos por encargo de su superior jerárquico, el también acusado Jesús M.A, ha negado rotundamente tales acusaciones y ha insistido en la legalidad del procedimiento administrativo seguido respecto de la "barbaridad" de la obra, tanto por su complejidad técnica como por lo elevado del presupuesto, cerca de 20 millones de euros.
La acusada, al igual que su jefe, ha recordado que la decisión de licitar la dirección facultativa de la obra fue a instancias del Servicio Territorial de Palencia, precisamente debido a la dificultad que entrañaba la ejecución de una vía con un puente de casi un kilómetro, y ha explicado que a la hora de elaborar los pliegos se limitó a tomar como referencia, "como copia literal", los redactados para los acceso a la capital zamorana
A VUELTAS CON LOS 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
"Era mi primer pliego técnico y tomé como referencia el Puente de la Hispanidad y los accesos a Zamora, aunque finalmente opté por esta última obra debido a que era mucho más reciente", ha indicado la acusada, que, tocada con una llamativa peluca, ha precisado que decidió incluir como requisito una experiencia de 25 años--la fiscal entiende que era un criterio pensado exclusivamente en el ingeniero José Antonio Ll.J--para garantizar la perfecta ejecución del proyecto, algo nada extraño por cuanto para la obra en la capital zamorana se exigían como mínimo 15 años.
En este sentido, la procesada y su superior, Jesús M.A, han negado que la exigencia de 25 años de experiencia supusiera cerrar la puerta a otros muchos licitantes por cuanto, como así han coincidido, las 27 empresas que concurrieron cumplían el requisito y, además, ni antes ni después del concurso se interpuso recurso alguno contra el procedimiento administrativo.
La funcionaria también ha sido interpelada por el flujo de llamadas teléfonicas que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros registró entre ella y responsables de la UTE beneficiada, circunstancia que la acusada ha atribuido a la relación estrictamente profesional que tenía con los dos administradores de ambas ya que tenía que supervisar distintas obras que tanto Eipsa como Civil 4 habían desarrollado para la Junta, la primera desde 2000 y la segunda entre 2010 y 2012.
La fiscal se ha interesado sobre si la funcionaria presentaba el mismo tráfico de llamadas y correos con otras empresas que licitaron el contrato, aunque no ha llegado a precisar este extremo escudada en que el disco duro de su ordenador se lo llevó la policía el día del registro en su centro de trabajo en la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso.
"CABALLO GANADOR"
Respecto de lo declarado por sus tres compañeros de banquillo, que también han negado ilegalidad alguna en la tramitación del expediente, el jefe de Área y Coordinador de Servicios ya jubilado, Jesús M.A, ha desvelado que la investigación de los presentes hechos tiene su origen en un "anónimo" recibido en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que el autor, "bien alguien de dentro, alguien de fuera con el apoyo de alguien de dentro o algún contratista", anticipó ya quien iba a ser el beneficiario del contrato, antes de ser adjudicado, y "quería que se empapelase a todo el mundo, hasta el consejero de Fomento".
El acusado, sin embargo, ha criticado que el denunciante anónimo contó con "la suerte" de jugar a "caballo ganador", ya que su escrito derivó en la presente investigación a raíz de acertar en su vaticinio, "algo que era previsible porque el ingeniero José Antonio Ll.J. era el de más prestigio".
El juicio seguirá este jueves y el día 18. En su escrito de calificación provisional, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de informaciones reservadas, otro de aprovechamiento de información privilegiada y un delito de fraude a un ente público y responsabiliza a los funcionarios de la Consejería de Fomento del primer y tercer delitos y a los administradores de la UTE del segundo y del tercero.
Así, solicita para Belén G.G. y Jesús M.A. un año y ocho meses de prisión, multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años, mientras que los representantes de la UTE se exponen también a idéntica pena privativa de libertad, inhabilitación para acceder a subvenciones o exenciones fiscales por tres años y al pago de multas por importe de 1.022.000 euros.
-. Firma: AEC .-
