VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los establecimientos de la provincia de León fueron los que cometieron más infracciones graves con un total de 640 actas levantadas en Castilla y León por no respetar los horarios de cierre establecidos durante el pasado año, según los datos facilitados por la Consejería de Interior y Justicia del Ejecutivo regional a Europa Press.
Después de los locales leoneses, las provincias en las que más actas se levantaron por incumplir las normas horarias fue Valladolid (464), seguida de Burgos (384), Segovia (186) y Zamora (136), frente a estos datos los que menos infracciones graves cometieron el pasado ejercicio fueron los establecimientos de Salamanca y Segovia, ambos con 133, Ávila (88) y Soria (31).
En total, en 2008 se levantaron en la Comunidad 2.195 actas y se interpusieron 1.954 sanciones por el incumplimiento del horario y, en concreto, la provincia que más sanciones tuvo fue también León (501), seguida de Valladolid (458), Burgos (336), Segovia (179), Salamanca (132), Palencia (131), y Zamora (120) mientras que Ávila (70) y Soria (27) fueron las menos sancionadas.
Por otro lado, la provincia con más actas recibidas en cuanto a expedientes sancionadores "muy graves" por acumulación de infracciones graves por horario de cierre fue Zamora con tres, seguida de Palencia y Salamanca con dos y Valladolid, con una.
Asimismo, Salamanca cuenta ya con un expediente con sanción mientras que Palencia tiene dos en curso y Zamora y la provincia charra, uno también en procedimiento.
MULTAS Y SANCIONES
Respecto a las infracciones graves, la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad establece multas por incumplimientos de horarios de entre 601 a 30.000 euros, o incluso la clausura del establecimiento o instalación por un periodo máximo de un año.
Por su parte, las infracciones muy graves conllevan una multa de 30.001 a 600.000 euros o la clausura del local durante un periodo máximo de tres años.
Además, esta última falta puede desencadenar el cierre definitivo del establecimiento, lo que llevará aparejado para el infractor la prohibición de obtener licencia o autorización en el territorio castellanoleonés para igual actividad durante un tiempo máximo de diez años.
