VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto técnico y jefe de Obras de MEGO, la empresa que efectuó los trabajos del Centro Multiusos de Íscar (Valladolid), objeto de investigación judicial, ha asegurado que el proyecto fue "una apuesta personal" del entonces alcalde del PP, Alejandro García Sanz, en quien ha descargado parte de los sobrecostes finalmente registrados.
El declarante, O.A.R, que testificó en el Juzgado de Instrucción número 5, en el marco de las diligencias relativas al sobrecoste de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Íscar, que pasaron de un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros a más de 5, explicó que el exregidor iba todos los días a las obras y llegó a cambiar el tipo de ladrillo de la fachada, aunque no estuviera ni proyectado ni presupuestado.
El jefe de Obras de la empresa MEGO, cuyo representante legal, Lluis G.Ch, al igual que el exalcalde; el exedil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez, figuran como investigados en la causa, manifestó en sede judicial que la Plaza de Toros era una apuesta personal de Alejandro García Sanz, que visitaba a diario las obras y les iba encargando trabajos no presupuestados ni proyectados, según sus deseos personales.
Entre esas obras se encontraron la realización de un graderío en vuelo en la parte superior de la plaza, obras en la enfermería y en los toriles, así como la carpintería de aluminio, que no estaba presupuestada en el proyecto inicial.
LADRILLO MUDÉJAR
Señaló que incluso el tipo de ladrillo de la fachada, que estaba previsto como caravista y finalmente fue mudéjar, lo que supuso un coste importante, fue elegido personalmente por el exalcalde entre varios que se le mostraron.
Igualmente achacó parte del sobrecoste a necesidades de seguridad, pero sobre todo a retrasos debidos a las fiestas de la localidad en las que les obligaban a desmontar andamiaje y grúas para luego volver a montarlas, así como a las peticiones fuera de proyecto realizadas por el entonces regidor.
El testigo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, destacó igualmente la participación del concejal de Urbanismo y el nulo control del arquitecto municipal, que nunca les advirtió de que no podía hacer obras que no estuvieran proyectadas o que las mismas tuvieran que ser objeto de una nueva contratación.
Otro de los testigos, el asesor jurídico externo del Ayuntamiento en aquellas fechas, J.L.A.N, alegó que no intervino en los procedimientos administrativos internos de la obra.
Por su parte, el redactor del proyecto, y de un anteproyecto realizado un año antes, J.M.M.P, alegó que en ningún momento nadie les pidió modificar el proyecto para realizar nuevas obras, y que siempre el director de obra es quién decide lo que finalmente se tiene que hacer.
En este caso, el arquitecto municipal era también director de obras, cobrando un porcentaje por cada certificación, por lo cual también está siendo investigado.
Por último, H.M.A, administrativo jubilado del Ayuntamiento de Íscar, que esporádicamente hizo las veces de interventor municipal, manifestó que en ningún momento le pidieron informe sobre los acuerdos con la empresa constructora, ni le advirtieron de que se estaban certificando y facturando obras no proyectadas.
Se prevé que en próximas fechas la juez de instrucción proceda al cierre de la investigación.
