VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Diputación provincial contra el acuerdo del Ayuntamiento de la capital en el que se fijaba la liquidación definitiva del Proyecto de Actuación del Sector 18 en el Plan Parcial Villa del Prado.
Como consecuencia de la sentencia, se condena la Administración municipal a ajustar dicha liquidación de acuerdo con el precio de venta de las parcelas y no en base al aprovechamiento urbanístico, lo que daría un resultado más favorable para la Diputación, institución que reclamaba un saldo a su favor de 5,8 millones de euros.
El portavoz del Grupo Provincial Popular de la Diputación, Agapito Hernández, ha considerado muy positiva la sentencia y ha señalado que las consecuiencias económicas de esta resolución son "muy favorables" a la Institución provincial.
Se da por hecho que el Ayuntamiento, cuyos servicios jurídicos estudian una sentencia que como han apuntado fuentes municipales "no queda clara", deberá compensar a la Institución provincial pero no se ha aclarado en qué términos.
El recurso solicitaba anular el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el que se desestimaba un recurso de reposición contra el acuerdo de liquidación definitiva de la operación de Villa del Prado, donde el Consistorio llevó a cabo a principios de la pasada década un desarrollo urbanístico en terrenos que eran propiedad de la Diputación, en base a un Plan Parcial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2001.
Los trámites para la liquidación no se iniciaron, por parte del Consistorio, hasta el año 2016, ya con el actual gobierno de PSOE y Valladolid Toma la Palabra, pero las cuentas propuestas por el Ayuntamiento fueron recurridas por la Diputación, que reclamaba que el resultado debía ser favorable a sus intereses por 5,8 millones de euros.
La diferencia estriba, como explica la resolución dada a conocer este martes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid, en que el Ayuntamiento valoró las parcelas con referencia al "aprovechamiento urbanístico", referencia que el Juzgado considera cierta, pero que debería ser inicial, ya que podría ocurrir, como así fue, que el precio de venta final fue sensiblemente superior.
También apunta la sentencia como dato "muy relevante" las cartas enviadas por el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva, en el año 2002, en las que solicitaba a la Diputación que se cedieran anticipadamente la totalidad de las parcelas edificables propiedad de ella con el compromiso de que los fondos obtenidos por la enajenación serán aplicados por VIVA a la financiación y pago de los gastos de urbanización.
Así, se considera posible que tales misivas generasen un apresuramiento en la aportación y valoración de las parcelas, al tiempo que en esa cartas se interpreta que la mención a la enajenación "sí permite identificar la valoración de las parcelas con el valor real en venta".
Por lo tanto, según señala el Juzgado, el Ayuntamiento de Valladolid deberá ajustar la liquidación al valor de venta de las citadas parcelas, que sería de un total de 46,6 millones de euros. A ello se debería sumar la cantidad de 650.282,96 euros como rendimientos financieros, y detraer como gastos no liquidables (no imputables a la misma) 119.844,85 euros por el concepto de Resoluciones Judiciales.
Además, se hace imposición de costas a la administración demandada, que se limitan a la cantidad de 10.000 euros ya que la estimación parcial del recurso es "muy limitada".
