Fiscalía de Valladolid solicita una pena global de nueve años de cárcel
VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía de Valladolid solicita una pena global de nueve años de prisión para Antonio María R.A, detenido en febrero de 2011 bajo la acusación de utilizar a parados, mendigos y amigos como víctimas de las numerosas estafas que, presuntamente, cometió entre los años 2007 y 2010 por valor de más de 44.000 euros mediante la compra de distintos productos y la solicitud de créditos con cargo a los afectados.
El procesado, de 72 años, ocupará el banquillo de la Audiencia de Valladolid entre este martes 2 y el viernes 5 de abril para responder de un total de cinco delitos continuados de falsedad en documento privado y mercantil y de estafa, por los que se expone a un total de nueve años de privación de libertad, al pago de una multa de 6.600 euros y al abono, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones por importe de 44.393 euros en favor de las entidades financieras y de ahorro perjudicadas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los hechos fueron investigados por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial, a raíz de que en 2010 una de las víctimas que vivía en una residencia denunció que un amigo suyo le había dejado sin dinero.
Según fue avanzando la investigación, los agentes comprobaron cómo el detenido elegía sus víctimas entre mendigos, parados y analfabetos, mostrando una gran falta de escrúpulos, dado que en algún momento no dudó en utilizar a amigos suyos para ser víctimas de sus estafas.
'MODUS OPERANDI'
Tras lograr captar su confianza, se ofrecía a ayudarles a gestionar su patrimonio o bien les ofrecía falsas ofertas de empleo. Después de conseguir acceso a sus cuentas corrientes, comenzaba su labor de falsificar documentación.
Utilizando el nombre de sus víctimas y la documentación falsificada a su nombre, solicitaba préstamos, tarjetas de crédito y realizaba compras masivas de productos que posteriormente vendía a terceros. Realizaba verdaderos "descalabros" en el patrimonio de sus víctimas, que no sospechaban nada hasta que las entidades ejercían acciones judiciales contra ellos, figurando como morosos en los listados existentes con ese fin, tal y como en su día apuntó la policía.
Para eludir la acción policial utilizaba direcciones de terceros para recibir correspondencia y nunca aparecía ni física ni documentalmente, respondiendo sus víctimas de todas las deudas que dejaba.
El éxito de la operación fue vincular probatoriamente que era la persona que se encontraba detrás de todas las operaciones fraudulentas.
En el momento de la detención se intervino numerosa documentación falsificada, así como correspondencia bancaria de terceras personas que había sido sustraída de buzones para sus fines.
