El procesado recibió de la mercantil vallisoletana casi 4 millones de kilos en un mes y luego desapareció sin abonar el precio pactado
VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal y la acusación particular han mantenido sus peticiones de tres y seis años de prisión, respectivamente, para el empresario almeriense Alfonso P.B, administrador de la mercantil Explotaciones Agrícolas Luver S.L, con domicilio social en Roquetas del Mar, por considerar acreditado que en 2008 recibió de una empresa de Tordesillas (Valladolid) cerca de 4 millones de kilos de patas, valoradas en casi 700.000 euros, por las que no abonó uno solo euro y que, además, vendió luego a terceros a un precio muy inferior.
El procesado, durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Valladolid, ha reconocido haber encargado la mercancía y ha alegado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que si no pudo afrontar la deuda contraída con la suministradora tordesillana de tubérculo fue debido a que él mismo fue también objeto de impago por parte de los clientes a los que distribuyó a posteriori la mercancía, fundamentalmente una empresa de Italia.
Pese a ello, el empresario, cuya mercantil se encuentra en concurso de acreedores, asegura que no inició acciones contra sus deudores por carecer de suficientes recursos económicos, aunque tampoco ha podido acreditar mediante la aportación de facturas las supuestas deudas contraídas con él por las sociedades aludidas, Importapatatas S.L, Frutas Congil S.L. y la italiana Petrelli Group, cuyos representantes han comparecido en la vista, los dos últimos por videoconferencia, para negar que tengan pendiente cantidad alguna de abonar por el suministro de patatas.
Como directo perjudicado, el representante legal de la suministradora de Tordesillas Patatas Valladolid, José Ramón A.A, ha explicado que la empresa ha logrado mantenerse pese a fuerte varapalo económico que supuso en el verano de 2008 la entrega al acusado de casi 4 millones de kilos de patatas en algo menos de un mes--el valor es de 697.000 euros-- y comprobar que al vencimiento de los primeros pagarés éstos fueron devueltos por falta de fondos.
DESAPARECE SIN DEJAR RASTRO
"A través de nuestro banco nos informaron de que se trataba de una empresa solvente y no sospechamos de nada, hasta que los pagarés fueron devueltos", ha explicado el empresario tordesillano, quien ha añadido que a raíz de ello trataron de ponerse en contacto con el comprador pero sin éxito ya que en un principio en su oficina les dijeron que se encontraba de negocios en Senegal y días después que había desaparecido sin dejar rastro.
Durante la vista han testificado igualmente otros dos suministradores de patatas y la representante de una empresa de transportes, quienes han asegurado que el empresario almeriense les adeuda cantidades por importe de 220.000, 30.000 y 59.000 euros y han explicado que otras muchas mercantiles de ambos sectores han sido igualmente presa de la actuación delictiva del inquilino del banquillo.
En sus alegatos finales, frente a la petición absolutoria de la defensa, los acusadores han coincidido al considerar acreditado que Alfonso P.B. es autor de un delito de estafa que cometió de forma totalmente "calculada" y manejando los tiempos con absoluta precisión, en referencia a que el vencimiento de los pagarés se produjo cuando la totalidad de la mercancía ya había sido suministrada.
Pero además, inciden en que buena prueba de que nunca tuvo la intención de afrontar el pago de la mercancía es que vendió la práctica totalidad de la misma a un precio muy inferior al del mercado, es decir, cuatro o cinco céntimos menos el kilo, y que el caso de la empresa de Tordesillas no es "aislado" ya que existen otras muchas afectadas por este mismo 'modus operandi' que han encuadrado en el conocido 'timo del Nazareno', cuyo importe global, entre unas y otras perjudicadas, podría superar con creces el millón de euros.
Las acusaciones, que reclaman el abono a Patatas Valladolid de una indemnización de 697.647 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de los hechos, han recordado igualmente como prueba de la culpabilidad del procesado que éste "se colocó en situación de ignorado paradero" y no dio a los perjudicados ni una sola explicación sobre el impago de la mercancía.
