El PSOE de Valladolid estudiará si hay lugar a promover acciones penales
VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado este martes que reclamará en el próximo Pleno municipal la constitución de una comisión de investigación en la que se aclare la responsabilidad sobre la "negligencia" que ha provocado que el Consistorio tenga que pagar casi 20 millones de euros a los propietarios de la parcela denominada como finca Zambrana.
En declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa convocada a las pocas horas de conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la ciudad, el representante socialista ha recalcado que se trata de un asunto sobre el que el Ayuntamiento de Valladolid "no ha hecho nada" pese a que los propietarios se dirigieron al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, mediante escritos en "al menos diez ocasiones".
Para Puente, los hechos "no pueden quedar impunes" debido a las "gravísimas consecuencias" que tendrá en el Ayuntamiento la obligación de pagar los 20 millones de euros que, como ejemplo señalado por el presidente del Grupo, supone en torno al "8 por ciento" del presupuesto municipal de 2014 y la recaudación del impuesto de recogida de basuras durante dos años. "El pago de esta cantidad en una sola anualidad sería calamitoso", ha advertido.
De hecho, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Javier Izquierdo, ha añadido que si el próximo 2015 se cumplirán 20 años de Gobierno de León de la Riva, esta sentencia supone "un millón de euros por cada año".
Por ello, y puesto que el Grupo Socialista pretende saber "qué ha pasado", en el pleno del próximo martes, el Grupo Municipal Socialista reclamará la creación de una comisión de investigación que determine responsabilidades "en esta ocasión, no por haber adoptado decisiones equivocadas, sino por no haber adoptado ninguna".
Óscar Puente ha querido insistir en que "no se trata de un conflicto de los años cuarenta", ya que en un pasado Pleno municipal en el que se abordó el asunto el Grupo Popular remontó el asunto a 1943, cuando se expropió la parcela al propietario original. "Se trata de una actitud continuada de desidia" por la que el Consistorio renunció a resolver un conflicto que termina por "poner a las arcas municipales en serio peligro".
El presidente del Grupo ha recordado que en el momento en el que los herederos de J. Puentes comenzaron a reclamar al Consistorio la posibilidad de que los terrenos pasaran de sistemas generales a suelo residencial, el Ayuntamiento se encontraba "en pleno Valdechivillas", en un momento en el que, a juicio de Puente, el equipo de Gobierno se preocupaba más por satisfacer "las demandas de sus amigos".
Aunque los antecedentes de los hechos que han dado lugar al proceso actual datan de hace décadas, la actuación que se recurre y provoca la sentencia son los acuerdos de la Junta de Gobierno que preside el actual alcalde, de febrero y abril de 2013, que denegaban la iniciación del expediente de expropiación y el pago del justiprecio de los terrenos en litigio, y el recurso de reposición, respectivamente.
"El contador en este asunto se pone a cero en el año 2007", cuando los propietarios recompraron en ejercicio del derecho de reversión estos suelos sobrantes que abarcan una superficie de 53.000 metros cuadrados. A mediados de 2008 los propietarios de los suelos solicitaron que el Ayuntamiento cambiase su calificación para destinarlo a uso residencial.
Ante los sucesivos silencios administrativos, los propietarios reclamaron que el Ayuntamiento expropiase el terreno de nuevo apoyándose en el ministerio de la Ley, puesto que consideraban que "no podían hacer nada con él" al estar destinado a sistemas generales --construcción de calles, viales o zonas de uso público--.
La respuesta del Ayuntamiento, desde 2008, "siguió siendo el silencio hasta que el asunto ha llegado a los tribunales" y la Junta de Gobierno acordó en abril de 2013 desestimar un recurso de reposición de los propietarios para iniciar el expediente de expropiación.
Puente ha aseverado que la sentencia señala en varias ocasiones que el Ayuntamiento no ha impugnado el justiprecio de las fincas determinado por la Comisión Territorial de Valoraciones de Valladolid de junio de 2012 a instancia de los propietarios, "de forma que entiende que está conforme, y que han transcurrido los seis meses sin que la administración haya pagado".
Pese a todo, Óscar Puente ha manifestado su temor de que "esto va a seguir el mismo camino que las manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que si el alcalde no quiere esclarecer esta cuestión en el propio Ayuntamiento", el PSOE está dispuesto a acudir a la vía penal.
"Aunque estamos habituados a sentencias condenatorias, no lo estamos a una decisión judicial de esta trascendencia para las arcas públicas". No obstante, los demandantes recurrieron el acuerdo que establecía el justiprecio en 16,77 millones de euros, porque tenían la pretensión de llegar hasta 96 millones de euros, por lo que la situación "sólo puede ir a peor".
Mientras se tramita ese recurso, los demandantes podrían reclamar ya el abono de la cantidad fijada por la sentencia y el Ayuntamiento "se vería obligado a desembolsarla".
