VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Valladolid sostiene que tras una nueva sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación de Meseta Skí ha quedado claro que las
actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto no
supusieron ninguna irregularidad por parte ni de la Institución Provincial ni de la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (SODEVA).
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Agapito Hernández,
ha puesto de manifiesto que, "más allá de las guerras personales de
algunos, todos los comparecientes en el día de hoy han reconocido
el interés que el proyecto Meseta Ski tenía para favorecer el
desarrollo de una zona de la provincia y han rechazado que hubiera
una voluntad de llevar a cabo un fraccionamiento intencionado de
contrato, tal y como quiere hacer ver alguno de los grupos políticos
presentes en la comisión, que insisten en su actitud de descalificar
a los comparecientes que no declaran lo que a ellos les gustaría
oír".
En este sentido, Hernández, a través de un comunicado, ha señalado que "ha quedado claro que la decisión de aprobar una ampliación del contrato inicial se ajustaba a derecho, según la normativa vigente en ese momento histórico, y que anular el primer contrato hubiera supuesto con toda seguridad un perjuicio a las arcas de SODEVA, al tener que
indemnizar a la empresa Corsán por romper la adjudicación de
manera unilateral".
Asimismo, siempre según el 'popular', "se ha hecho patente que el incremento del coste de la obra no debía haber supuesto un desembolso a la Institución Provincial, ya que se compensaría con la ampliación de los años de explotación a cargo de la empresa adjudicataria. Lo que nadie esperaba entonces es que loS tribunales echaran para atrás el
proyecto, que se ejecutó por parte de SODEVA siempre con todas
las licencias en regla".
Por último, Agapito Hernández ha defendido la actuación llevada a
cabo tanto por el Consejo de Administración de SODEVA, con
Alfonso Centeno a la cabeza como presidente en aquellos años,
como de los trabajadores de la Sociedad, "que intentaron sacar
adelante de la mejor manera posible un proyecto que suponía un
claro revulsivo económico para la zona y que tuvo que irse
adecuando y adaptando a múltiples condicionamientos".
En este sentido, ha señalado como ha quedado de manifiesto
en la propia Comisión que "los procesos judiciales anularon las
actuaciones llevadas a cabo por otras administraciones, no las
ejecutadas por parte de la Diputación de Valladolid".
