ÁVILA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Procurador del Común ha instado a la Diputación Provincial de Ávila a pagar las subvenciones concedidas a dos vecinos de una localidad del Alto Alberche hace cinco años, en septiembre de 2002, y que fueron anuladas después, según el documento enviado a la institución provincial.
Se trata de ayudas destinadas a "situaciones de emergencia o de urgente necesidad social", en este caso para retejar unas viviendas en mal estado, de las que los solicitantes acreditaron haber ejecutado las obras, si bien fueron anuladas con posterioridad.
El Procurador del Común destaca en su comunicación que la decisión de no abonar los 901,51 euros "no fue notificada directamente a los propios interesados", sino a un interlocutor.
A la vez, se subraya que la institución provincial no ha acreditado la nulidad de las subvenciones, si bien la Diputación remitió un informe en el que ponía de manifiesto que "las ayudas para situaciones de emergencia deben concederse en casos extremos y por causas muy perentorias", y que la mayor parte de la solicitudes que se presentaron en los municipios "estaban fuera de contexto y no cumplían con la finalidad de las ayudas", por lo que sólo se estimaron tres de las 31 presentadas.
Los recursos del resto de solicitantes motivaron que después la Diputación revisase de nuevo las peticiones y se les solicitase ampliar la documentación presentada para justificar su situación socioeconómica, y entonces se consideró que los que ahora han obtenido el derecho a recibirlas "no cumplían con los requisitos exigidos para acceder a la ayuda y se propuso la no materialización de la cantidad económica reconocida".
Sin embardo, el Procurador del Común señala que la decisión de revocar la ayuda no estaba justificada porque el acto administrativo había adquirido "presunción de validez" y porque "no se revisó de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable", de tal manera que se entiende que "no ha sido declarado formalmente nulo", al no haber sido notificados los interesados.
"Es probable -indica el Procurador- que emprendieran obras en sus viviendas, con la inversión económica correspondiente, animados por la previa concesión de una ayuda económica por la Diputación y amparándose en la convicción de obtener el pago efectivo de la subvención reconocida".
