23 de septiembre de 2019
  • Domingo, 22 de Septiembre
  • Sábado, 21 de Septiembre
  • 14 de abril de 2014

    El PSOE de Valladolid asegura que el número de horas de ayuda a domicilio municipal ha caído un 15% en tres años

    Javier Izquierdo acusa al PP de un "desmantelamiento" del servicio

    El PSOE de Valladolid asegura que el número de horas de ayuda a domicilio municipal ha caído un 15% en tres años
    EUROPA PRESS

    VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este lunes que en 2013 se prestaron 66.000 horas en el servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes, como consecuencia principalmente del recorte en la plantilla de la unión de empresas (UTE) adjudicataria (Clece-Seralia), que según los mismos datos tiene un centenar de trabajadores menos que en 2010.

    El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier Izquierdo, y la concejal Rafaela Romero han ofrecido una rueda de prensa, en la que han insistido en que el Consistorio mantiene "congelado" el presupuesto de ayuda a domicilio, que pasó de 5.733.000 euros en 2011, a 4.700.000 en los últimos dos ejercicios.

    Tras un estudio llevado a cabo por la concejal Rafaela Romero sobre los datos aportados por la Concejalía, los socialistas han recalcado que en 2013 se prestaron 66.000 horas menos de ayuda a domicilio que el año anterior en Valladolid, un 15% menos que en 2012.

    Los datos que manejan los sindicatos, según ha explicado el PSOE, señalan que entre en 2012 se prestaron 23.298,5 horas menos que en 2011, un 6,10% de rebaja. La comparativa entre 2012 y 2013 es de 66.225,76 horas menos, lo que representa una reducción porcentual del 18,46%, y la de los años 2011 a 2013 arroja un total de 89.524,26 horas menos, es decir una reducción del 23,43% en tres años.

    El motivo principal, ha apuntado Rafaela Romero, es la reducción de la plantilla de la empresa que presta el servicio, con un 70 por ciento menos de trabajadores con respecto al año anterior y un centenar menos que en el año 2010. Además, los 259 trabajadores que permanecen en la UTE tienen unas condiciones "más precarias", con descuelgues salariales y reducción del 3,5 por ciento en los salarios.

    En concreto, en ese periodo de cuatro años, el número total de empleados de Clece-Seralia ha caído en un 28 por ciento, y el descenso ha sido especialmente acusado en los contratos a jornada completa que, según el PSOE, han pasado de 63 a 29; mientras que también son menos los empleados a media jornada, un 18 por ciento.

    Además, ambos ediles han insistido en la tesis de que la Concejalía de Bienestar Social y Familia dio la instrucción de que los trabajadores se orienten por el límite inferior de las 'horquillas' de horas de servicio. Así, si al beneficiario le corresponden entre 20 y 40 horas, se prestan 20.

    Este ajuste, además de suponer una disminución importante del número de horas de prestación mensual, "también conlleva que no se cursan nuevas altas", la reducción de la intensidad implica que los servicios que se prestan al usuario se centran básicamente en la atención personal, como levantar de la cama, aseo personal o vestir y se suprimen las de atención domestica, como limpiar, planchar, acompañamientos a gestiones personales.

    Los socialistas han destacado de forma especial en los datos facilitados por el Ayuntamiento, en los que caen todos los servicios, el descenso del número de horas de canguros, que bajan de las 3.643 en 2010 a las 950 del año pasado, lo que significa un 73% menos en tres años.

    "TORPEDEO ABSOLUTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA"

    En opinión de Izquierdo, el Partido Popular lleva a cabo desde su llegada al poder en el Gobierno de España un "torpedeo absoluto de la Ley de Dependencia", pues se han reducido los presupuestos en una tendencia que ha seguido la Junta de Castilla y León y que el Ayuntamiento ha "cumplido".

    Con ello, el presupuesto del Ayuntamiento destinado al servicio de atención a domicilio ha pasado de 5.773.000 en 2012 a 4.700.000 en 2013 y en 2014 se ha mantenido "congelado", algo que atribuyen principalmente a la desaparición de "1.700.000 euros" de la aportación de la Junta.

    Han relatado que, según su opinión, en sucesivos Decretos y Órdenes como el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que introduce el copago para personas dependientes con rentas superiores al IPREM, pudiendo llegar al 90 por ciento del precio de la prestación, la toma en consideración no solo de las rentas sino también el patrimonio de la persona usuaria, modifica las prestaciones máximas de atención mensual a los usuarios y deja fuera de la seguridad social a los cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres.

    A raíz de este Decreto, la Junta de Castilla y León adaptó la normativa autonómica y aprobó una Orden de la Consejería de Familia que "endurece las condiciones" de la prestación y baja su intensidad entre el 20 y el 40 por ciento.

    Por último, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 modificaron nuevamente el Sistema de Dependencia suspendiendo la aplicación durante 2014 de una serie de preceptos reguladores del nivel de protección convenido entre la Administración General de Estado y las Comunidades Autónomas.

    En opinión de Romero, el objetivo de todas estas medidas es la implantación de un nuevo modelo de atención que deja de estar en manos de los municipios y pasa a manos privadas a través de la "ayuda vinculada a la prestación de servicios profesionales", que deriva a los usuarios al servicio a empresas de ayuda a domicilio autorizadas por la Gerencia que el usuario paga previamente y reclama luego presentando su factura ante la Gerencia.

    En definitiva, habrá personas dependientes a quienes "les va a resultar imposible acceder" al sistema, pues consideran que se requiere gastar "1.000 euros" en los servicios profesionales para disponer de la prestación vinculada.

    La apuesta por la ayuda vinculada ha supuesto, en el Ayuntamiento de Valladolid, una disminución del 80% de las altas respecto a los meses anteriores a la entrada en vigor de la Orden (septiembre de 2012), reducción del número de horas y reducción de la calidad del servicio.

    Para los nuevos usuarios, el recorte presupuestario implica una lista de espera para el acceso al sistema, ya que "se vincula a la disponibilidad presupuestaria y a la reposición de bajas, entrando al sistema los de más puntuación, es decir los más asistidos".