VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería Satse ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de la Comunidad, la cual es favorable a la demanda que presentó.
Satse ha valorado el fallo y ha advertido de que dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobar ese Decreto de 2016 no hubo el estudio económico exigido legalmente.
Además, ha criticado que el único trámite de audiencia se hiciera con las asociaciones empresariales del sector y se hiciera un "decreto "a la carta" para ellas y que solo favorecía que el cuidado de los mayores "se convirtiera en un negocio muy rentable".
El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la sentencia supone un "nuevo revés" para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades porque considera que la tramitación de dicho Decreto no ha cumplido los necesarios requisitos de trasparencia para la sociedad, no se ha dado participación a los profesionales y a las consejerías afectadas, como la de Sanidad.
Así, considera que no se ha observado el procedimiento de elaboración de una disposición general, vulnerando el principio de transparencia tanto en lo que afecta a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de su elaboración, como en la audiencia a las entidades locales titulares de estos centros, ha señalado el sindicato.
Satse considera "clarificador" que la Sala del TSJCyL que dicta sentencia señale en la misma que, como también afirmó el Consejo Consultivo, "no resulta justificado que se haya recabado la opinión del sector privado... y no la de las entidades locales con centros de este tipo y que resultan igualmente afectadas" y que "a las entidades locales, y solo a algunas, se les ha requerido sobre ratios de personal y perfiles profesionales de los trabajadores del centro y no se les ha dado el traslado del proyecto" de Decreto.
La sentencia también afirma que "no se alcanza a comprender cómo no se le ha oído, pues dentro de la función de asesoramiento y participación no cabe duda que entra la que de forma específica se establecía en el Decreto anterior" y que "resulta difícil imaginar un supuesto en que sea más necesario realizar esa función de asesoramiento y participación".
REPERCUSIÓN EN SACYL
Satse ha apuntado que falta el informe correspondiente al proyecto aprobado del Consejo de Cooperación local de Castilla y León y del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León y es "insuficiente" el examen que se efectúa en la memoria de su incidencia en el Sistema de Salud de Castilla y León, en concreto en los centros de salud de las zonas básicas de salud en cuyas localidades se encuentran algunas de estas residencias, así como no resulta acreditado en qué momento se incorpora el informe de la Consejería de Sanidad.
