MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo deliberará el miércoles, a puerta cerrada, la condena que la Audiencia Nacional impuso a trece directivos de Azucarera Ebro (entre 1 año y 9 meses y 9 años y 9 meses de cárcel) por el denominado fraude del azúcar, al considerar probado que trataron de ocultar la sobreproducción de azúcar mediante movimientos ficticios entre fábricas de las antiguas sociedades Ebro Agrícolas y Azucarera de España y la resultante de la fusión de ambas, durante las campañas azucareras de 1996 a 1999.
La sentencia, que afirmaba que los acusados "idearon un plan" para encubrir la sobreproducción de azúcar, frente a los límites establecidos por Bruselas, mediante"movimientos internos ficticios durante las campañas a las que se extiende la acusación", será revisada por los magistrados Luis Román Puerta, Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar y Enrique Bacigalupo, que será ponente de la sentencia que dictarán.
La Audiencia condenó a trece directivos de Azucarera Ebro por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda comunitaria cometidos en dichos ejercicios, y cuantificó el fraude en 27,06 millones de euros, cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil para Azucarera Ebro, más los intereses devengados por impago de la exacción reguladora y de la cotización para la compensación de los gastos de almacenamiento.
CONDICIONES DE LA UE.
La resolución impugnada explicaba que la Unión Europea establece "una serie de disposiciones emanadas de decisiones comunitarias que regulan la producción y la comercialización de los productos agrarios en la totalidad de los Estados que la integran". En el caso del azúcar, la Unión Europa establece sistemas de cuotas y cantidades nacionales garantizadas. El azúcar A y el B son las cantidades máximas que se pueden producir, la sobreproducción de la tasa fijada se denomina azúcar C.
Este tipo de azúcar no se puede comercializar dentro del mercado comunitario, aunque puede trasladarse a la campaña siguiente, pero no puede exportarse antes del 1 de enero del año siguiente. En ese caso, el Estado miembro debe entregar a la Unión Europea la "correspondiente exacción reguladora".
El tribunal consideró que el Grupo Sociedad General Azucarera Española, que integraba Azucarera de Guadalfeo y Unión Azucarera, ocultó la comercialización del azúcar C en la campaña 96-97; en las de 1997-98 y 1998-99, la declaración la realizó Azucarera Ebro Agrícolas, resultado de la fusión de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación y Sociedad General Azucarera; y en 1998/99, las declaraciones de producción fueron efectuadas por la agrupación de interés económico Unión Azucarera.
El 8 de febrero de 2001 se incribió en el Registro Mercantil la fusión entre Azucarera Ebro Agrícolas y Ebro Puleva, dando lugar a la sociedad Ebro Puleva. En marzo, Ebro Puleva segregó su rama relativa al azúcar a su filial Azucarera Ebro Sociedad Unipersonal.
DIRECTIVOS CONDENADOS.
Los directivos de Azucarera Ebro condenados fueron: Nicolás Bautista Valero de Bernabé, director general de la campaña 98/99 de Azucarera Ebro Agrícolas; Aniceto Martín Misol, director industrial en la campaña 98/99 y responsable del negocio del azúcar con categoría de subdirector general hasta septiembre de 2000; Jaime Sagristá Carnes, director de Organización de Producción de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación y director de Coordinación de Fábricas; y José Rafael Barrera Infante, director de Fabricación adjunto al director de Producción.
También se refería la resolución a Guillermo D'Auberade Payá, director técnico de dos campañas y luego director de Ingeniería e Industrial; Rafael Vargas Peñalva, director de la Fábrica de Benavente y luego ingeniero en el Departamento de Producción; Fernando Pérez Lope, director comercial; Antonio López López, administrador de la fábrica de la Rinconada de Sevilla; José Enrique Hidalgo, director de la misma factoría; Elías Gamazo, director de la fábrica de La Bañeza; Angel Domingo Ciriza, administrador de la misma fábrica; Andrés Francisco Canales, administrador de la de Salamanca; y Agustín Fernández, director de la fábrica de Salamanca.
Los principales condenados son Fernando Pérez, Guillermo D'Auberade y Rafael Vargas, a los que se imponen 9 años y 9 meses de cárcel y multas millonarias, de las que responderá Azucarera Ebro, por cinco delitos fiscales contra la Hacienda de la Unión Europa y otro de falsedad documental, mientras que los entonces responsables de distintas fábricas del grupo azucarero son castigados con un año y nueve meses de prisión.
