Critica el "sesgo ideológico" de ambas medidas y señala como "verdaderos problemas" el desempleo, la desigualdad y la pobreza
VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT trasladará a instituciones y organizaciones de Castilla y León su "inquietud" por la reforma del Código Penal y el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, debido al "sesgo ideológico" que contienen y a la "persecución" y "criminalización de la protesta social" que, a su juicio, conllevan.
Así lo ha asegurado el secretario de Política Institucional y Territorial del sindicato en la Comunidad, Óscar Lobo, quien ha considerado que "no están justificadas" ambas iniciativas legislativas, ya que "no responden a los principales problemas del país".
En este sentido, ha asegurado que los "mayores problemas" para los ciudadanos "no son ni la delincuencia, ni la falta de seguridad, ni los desórdenes públicos", ya que "España tiene actualmente la tasa de criminalidad más baja desde 2003", por lo que ha señalado como verdaderas amenazas "el desempleo, los recortes y la probreza".
Lobo ha realizado esta declaraciones con motivo de una jornada de trabajo celebrada este jueves en Valladolid sobre este respecto a la que ha acudido el secretario confederal de Participación Sindical y Confederal de UGT, Frederic Monell, el cual ha insistido en que "sólo un 0,2 de los españoles perciben la seguridad como el primer problema", según el CIS, y ha acusado al Gobierno de promover estas dos medidas dentro de un paquete en el que ha incluido la ya aprobada Ley de Seguridad Privada o incluso las nuevas tasas judiciales que "favorecen la inhibición de los ciudadanos en el acceso a la justicia".
Por ello, Monell ha mostrado su "preocupación" por esta deriva, al tiempo que ha alertado de algunos "elementos de inconstitucionalidad" de estas iniciativas, y ha invitado al Ejecutivo a "proteger los derechos ciudadanos en lugar de endurecer las normas".
Asimismo, ha criticado que con estas leyes se produce la "irrupción del Derecho Penal en el mundo laboral", algo que ha ejemplificado en los 265 sindicalistas imputados y en los 81 procesos judiciales abiertos por el ejercicio del derecho a huelga en todo el país, una "señal importante de alarma", a su juicio.
"No es sólo un problema de los sindicatos, son cosas que afectan a la democracia", ha advertido Monell, quien ha acusado a los miembros del Gobierno y dirigentes de la Unión Europea de defender "ciertas incompatibilidades entre el sistema capitalista y la democracia y los mecanismos de protección social", algo que, en su opinión, desmienten ejemplos como el de los países nórdicos.
Por otro lado, ha rechazado elementos contenidos en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana como la prisión perpetua revisable o la vigilancia preventiva, algo que ha tildado de "inconstitucional" y que "renuncia a la reinserción del delincuente a favor del castigo".
"DERECHO PENAL DE CLASE"
Por último, ha censurado que mientras el cobro indebido de prestaciones por desempleo sea considerado delito "desde el primer euro", en el caso del fraude a la Hacienda pública o a la Seguridad Social haya un margen de 120.000 euros, lo que lleva, a juicio de Monell, a un "Derecho Penal de clase".
Todo esto, ha concluido el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, deja "en evidencia" a la Marca España, que "no es sólo empresas grandes que ganan mucho dinero fabricando en otros países".
