LEÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) aseguraron hoy que el Ministerio de Industria no abrirá expedientes de inspección a los grupos Alonso y Viloria, que han recibido ayudas públicas del Gobierno por valor de unos 380 millones de euros pero que adeudan las nóminas de dos meses a sus trabajadores y afirmaron que carecen "por completo" de liquidez.
El anuncio de dicha apertura de expedientes, que "no es cierta", resulta "perjudicial" para las empresas y sus trabajadores, ya que dificulta la financiación de la deuda contraída por la falta de consumo de carbón nacional y alarma a las entidades bancarias, según informaron Uminsa y CMC en un comunicado conjunto recogido por Europa Press.
"No hay abierto ningún expediente contra estas empresas, sino una petición de información económica prevista en la orden ITC/3666/2007 reguladora de las ayudas", recalcaron y agregaron que contestarán "con mucho gusto y la mayor brevedad posible" a dicho requerimiento.
Además, explicaron que la aportación de información económica con carácter ordinario se remite anualmente al Instituto como requisito previo a la liquidación de ayudas por años vencidos, por lo que se encuentran en poder del referido organismo los estados contables debidamente auditados de todos los ejercicios anteriores, el último de los cuales ya fue objeto de liquidación.
Por otra parte, garantizaron que son "totalmente solventes" al disponer de existencias propias de carbón cuyo valor supera actualmente los 120 millones de euros, aunque carecen "por completo" de liquidez al no haberse cumplido el acuerdo de la comisión de seguimiento del 18 de mayo basado en una comunicación del Ministerio de Industria, según la cual las ventas de sus producciones entre marzo y diciembre se producirían a partir de finales del mes de julio, un incumplimiento del que, según las empresas, se deriva la posterior imposibilidad de hacer frente a los pagos.
A pesar de estas cuestiones, manifestaron que han mantenido los empleos tanto de la plantilla propia como de las empresas auxiliares hasta el límite de su capacidad y no han paralizado su programa de inversiones en ningún momento.
"LAMENTABLE SITUACIÓN ECONÓMICA"
Por este motivo, consideraron que la "firmeza" que el Ministerio de Industria exhibe en "amenazar" a unas empresas a las que previamente se ha conducido a una "lamentable situación económica", debería aplicarse a resolver los "graves problemas" del sector, que a su juicio no se corrigen "acosando" a los empresarios mineros, sino con la aprobación de un Real Decreto que se encuentra "bloqueado" por la presión de los intereses gasísticos y mediante la adopción de un nuevo reglamento que dote de la debida estabilidad al sector del carbón.
Mientras no se contemplen estas soluciones, y con el fin de dotar a las empresas de la liquidez a la que tienen derecho en virtud de la Garantía de Suministro pactada en el Plan del Carbón, solicitaron al Gobierno que reactive el Almacenamiento Estratégico, de manera efectiva y en cantidades coherentes con las producciones no vendidas y contempladas en el mismo Plan.
Finalmente, lamentaron que la citada "firmeza" no se haya aplicado a obligar a las compañías eléctricas a cumplir con sus compromisos de adquisición de carbón o a retirarles, por ejemplo, los derechos de emisión que recibieron gratuitamente en virtud de dichos compromisos.
