UPL afirma que el Ayuntamiento de San Andrés (León) deberá pagar más de 600.000 euros por dos sentencias condenatorias

Actualizado: martes, 15 abril 2008 20:51

LEÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) aseguraron hoy que en las últimas semanas se han conocido dos resoluciones judiciales que establecen el pago de más de 600.000 euros por parte del Consistorio, una cantidad, a su juicio, de "importantes efectos para las arcas municipales".

Una de las resoluciones condena a pagar a la empresa Begar Construcciones y Contratas, SA el importe de 555.328 euros, "así como al pago de los intereses legales incrementados en un punto y medio que haya devengado hasta su pago las sumas de 72.342 euros desde el 31 de julio de 2002 y la de 10.000 euros desde el 16 de abril de 2004".

Se imponen, además, las costas procesales al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con el límite de 20.000 euros, según informó UPL en una nota recogida por Europa Press.

"No es ésta la única y mucho nos tememos que no sea la última sentencia que tiene que afrontar el Ayuntamiento de tan importantes consecuencias económicas" opinó el portavoz de UPL, Luis Herrero Rubinat.

Según las mismas fuentes, la otra resolución tiene por objeto el incumplimiento del V Acuerdo para los Empleados públicos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que establece que "en caso de muerte o invalidez absoluta no vinculada a la vida laboral se abonará una cantidad de 60.000 euros", cantidad que "se abonará directamente por el Ayuntamiento cuando no esté concertada en póliza".

"El Ayuntamiento, a la fecha, no tiene concertado seguro para cubrir esta responsabilidad con sus trabajadores. Habrá nuevos casos similares que seguirán comprometiendo la economía familiar", declaró Rubinat.

Para UPL estas sentencias y otras similares, como la que condena al Ayuntamiento a pagar unos 120.000 euros por las obras realizadas en las piscinas de Trobajo del Camino, son producto de la "mala gestión económica del equipo de Gobierno; de su desidia política y en la poca capacidad demostrada".

"Lo peor de todo es que la ya de por sí maltrecha economía municipal, con resoluciones judiciales de este tipo, agudiza y empeora los síntomas de su enfermedad", concluyó.