Cumple diez años habiendo recogido 1.735 denuncias y con una tendencia al alza
BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina Antifrau de Catalunya (Oac) reclama, al cumplir diez años desde su puesta en marcha, poder tener capacidad sancionadora cuando sus investigaciones constaten irregularidades y estas no sean reparadas, poder proteger a los alertadores de corrupción y ser el órgano supervisor de la contratación pública en Catalunya.
Según ha informado este martes la institución, en estos diez años ha recogido 1.735 denuncias, y, en 2019, hasta este martes habían recibido 252, lo que supone un incremento del 57% respecto a la media de denuncias del periodo 2010-2018.
Entre las causas de este incremento, el buzón de denuncias anónimas que se puso en marcha el 11 de diciembre de 2017, por parte del actual director, Miguel Ángel Gimeno, y que ahora muchos denunciantes usan a Antifrau como "buzón único" al que vehicular una denuncia cuando no saben adonde dirigirse.
Antifrau, tras realizar una evaluación previa de verosimilitud, ha abierto investigación del 40% de las denuncias recibidas, y en un 5% de los casos se ha acordado la interrupción del expediente al constatar que los hechos eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía, la policía judicial o la autoridad judicial penal, mientras que el 55% las ha archivado.
Desde la Oficina reclaman que el Parlament revise la ley de la Oac ya que quieren poder tener mecanismos coercitivos ante los que incumplen sus resoluciones, porque ahora no pueden hacer nada si no hay respuesta cuando emiten un informe si la institución afectada decide no actuar.
Asimismo, quieren poder proteger mejor a los alertadores, en la línea de la directiva europea, y tener el control de las declaraciones de bienes e intereses de los cargos electos y gubernativos, además de ser la autoridad que controla la contratación, para hacer una "prevención activa".
TIPOLOGÍAS
En estos diez años, las investigaciones de la Oficina han sido sobre contratación pública en un 36%; conflictos de interés e incompatibilidades, en un 21%; función pública un 17%; urbanismo un 12%; subvenciones un 5%, y otros un 9%.
En el 61% de los casos, los entes investigados son los ayuntamientos, teniendo en cuenta que es la administración más numerosa de Catalunya con 947 municipios, y la Generalitat supone un 16%.
En el periodo 2011-2017, el 72% de las personas que presentaban una denuncia estaban identificadas, y este perfil ha cambiado los últimos dos años, cuando el 67% de los denunciantes son anónimos.
