BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Miguel Ángel Gimeno, ha pedido este lunes que la entidad tenga capacidad sancionadora y de suspender decisiones administrativas para proteger a alertadores de corrupción y otras irregularidades ante posibles represalias por revelarlas.
Lo ha dicho en una ponencia sobre la proposición de ley de los alertadores en el Parlament, cuyo pleno aceptó el noviembre del año pasado tramitar dos proposiciones de ley para proteger a quienes revelen irregularidades: una presentada por Cs y centrada en las administraciones públicas, y otra extendida a empresas y entidades de JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP y la CUP.
Gimeno ha destacado la importancia de proteger a los alertadores y ha ofrecido a la Oac como autoridad para hacerlo, pero ha avisado de que el redactado de la proposición la deja con competencias "residuales", porque atribuye la mayoría a otras instituciones, sobre todo en el ámbito sancionador.
Además de esta capacidad sancionadora, considera que Antifrau debería poder suspender decisiones administrativas si son lesivas para quienes alerten de irregularidades, como despidos en el trabajo por relevar casos de corrupción, que la Oac debería poder frenar, según Gimeno.
Ha defendido que los canales para alertar de irregularidades y delitos deben estar protegidos y ser eficientes e independientes, y ha dicho que, si la Oac fuera el organismo encargado de la protección de los alertadores, necesitaría más recursos que no tienen cuantificados, pero que podrían hacer una estimación antes de terminar el año.
Gimeno, que ha subrayado la importancia de la reciente directiva europea de protección a los alertadores, ha recalcado la relevancia de la figura de los alertadores, pero sin restarla a las instituciones de control y de lucha contra la corrupción, ya que todas forman parte de un "ecosistema".
DENUNCIAS ANÓNIMAS
Sobre el debate de si se deben aceptar o no denuncias anónimas, ha recordado que cuando él accedió al cargo cambiaron los criterios con el objetivo de admitirlas y que el éxito ha sido "tremendo", ya que las anónimas representan el 50% de las que reciben, y las que son poco fundadas representan una proporción similar al resto.
"No se miente más" por ser denuncias anónimas, ha garantizado, y ha explicado que, si el asunto denunciado no es competencia de la Oac, lo redirige al organismo adecuado aunque el aviso sea anónimo, sobre los que ha dicho que se produce una relación de desequilibrio si el denunciante puede obtener toda la información del proceso sin que la Oficina sepa quién es.
Gimeno, que ha dicho que algunos aspectos contemplados sobrepasan las competencias del Parlament, ha pedido acabar con la connotación negativa de la figura del alertador y con el "concepto de chivato", y ha defendido que quien alerta de corrupción y otras irregularidades es leal con la honestidad cívica.
POSTURA DE LOS PARTIDOS
Desde JxCat, Gemma Geis ha preguntado por las repercusiones sobre personas denunciadas si hacen un mal uso de estos canales y ha preguntado por la posibilidad de ofrecer recompensas, ante lo que Gimeno ha explicado que éstas encajan más con el sistema norteamericano ya que en Europa se enmarca en el deber cívico, aunque se estudian opciones.
La republicana Marta Vilalta, que ha coordinado la sesión, ha destacado la necesidad de que el alertador no se vea como una figura negativa, sino positiva para combatir la corrupción, y María Valle (Cs) ha pedido combatir la corrupción no solo porque provoca perjuicio económico, sino porque también degrada las instituciones.
Jordi Terrades (PSC-Units) ha preguntado cómo mejorar la eficiencia de los organismos de control ante las denuncias, también las anónimas, y Susanna Segovia (CatECP) ha pedido valorar las dos proposiciones de ley y las necesidades de recursos de la Oac para poder ejercer estas funciones, en una ponencia a la que no han acudido el PP y la CUP.
