BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona empezará a juzgar este lunes a tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Enric Roig, Antoni Herce y Albert Vilalta --este último también fue conseller de Medi Ambient--, acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El fiscal pide 15 años de cárcel y 18 años de inhabilitación absoluta para Roig y Herce y 13 años y 10 meses de cárcel y 15 de inhabilitación para Vilalta.
Según la Fiscalía, los tres acusados, valiéndose de su cargo como presidentes --que ocuparon sucesivamente entre 1991 y 2000--, decidieron aumentar "de forma injustificada" las retribuciones que percibían tanto ellos como los directivos que del Comité de Dirección "a costa de los fondos públicos que gestionaban".
Entre finales de 1990 y principios de 1991 --cuando Vilalta era presidente, Roig director y Herce director económico y financiero-- los acusados constituyeron un fondo con la aseguradora Winterthur, mediante la realización de sucesivas aportaciones por un importe total de 452.242.984 pesetas (2,7 millones de euros).
En julio de 2000 se procedió a la disolución del fondo y a rescatar los saldos existentes en ese momento, que se adjudicaron a los directivos partícipes que en esa fecha tenían contratos en vigor, decisión "claramente ilegal", ya que el beneficiario preferente debía ser FGC y, además, no concurría ninguna de las causas establecidas en el contrato para que los directivos percibieran las cantidades --jubilación invalidez o fallecimiento o baja--.
El fiscal asegura que unos 15 directivos de la empresa, incluidos los acusados, percibieron "de forma ilegal cantidades millonarias en detrimento del patrimonio de FGC", bien cuando causaron baja en la empresa o bien cuando se procedió a la liquidación del fondo.
La suscripción del contrato y los cobros percibidos por los acusados y otros directivos "contravenían frontalmente la normativa presupuestaria de las empresas públicas", ya que se hicieron sin los informes preceptivos y autorizaciones que la normativa exige.
Además, se llevaron a cabo con "una incuestionable intención de ocultación", pues se materializaron sin la autorización del Consejo de Administración, que es el competente para aceptar un contrato de tal envergadura.
Al margen de estos hechos, el fiscal apunta a que el acusado Roig, mientras fue presidente --entre el 93 y el 99--, sustrajo fondos públicos en su beneficio particular mediante la percepción "improcedente e ilegal de cantidades en concepto de dietas", llegando a un total de 126 dietas por importes de 50.000 o 60.000 pesetas cada una.
La acusación pública pide, además, que los tres acusados restituyan de forma conjunta los 2,7 millones de euros y cada uno de los directivos restituya las cantidades percibidas como participantes a título lucrativo.
El juicio empezará este lunes en la Audiencia de Barcelona y está previsto que se alargue una semana.
