BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las solicitudes de licencias de obra mayor en Barcelona han aumentado desde que el Gobierno de Ada Colau promovió en junio la obligación de reservar un 30% de nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a viviendas sociales, ha explicado en declaraciones a los medios este lunes la teniente de alcalde Janet Sanz.
En concreto, de junio a septiembre el Ayuntamiento ha registrado entre 50 y 60 solicitudes de obra mayor más que en el mismo periodo del año anterior --unas 553 en 2018--, y 385 certificados de aprovechamiento urbanístico más, alcanzando los 591 desde junio, casi triplicando los 206 que hubo en los mismos meses de 2017.
Sanz ha recordado que este certificado da un plazo de seis meses al promotor para pedir la licencia en las mismas condiciones normativas que había cuando lo obtuvo, por lo que estos 591 podrían solicitarla esquivando la obligación de destinar el 30% a vivienda social aunque ya esté en vigor.
Ha resaltado que los proyectos con certificado de aprovechamiento urbanístico no acabarán necesariamente materializándose, y ha criticado que en el sector hay una voluntad de intentar no cumplir la normativa: "Lo lamentamos, porque nos gustaría que los promotores y constructores se hicieran corresponsables".
Ha asegurado que la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce) ha enviado una circular a sus asociados para proponerles que "intenten saltarse esta norma" solicitando la licencia o el certificado antes de que entre en vigor, y ha apelado a la responsabilidad y a la función social que tienen estos sectores, "que no son ajenos a las problemáticas de la ciudad".
REUNIÓN CON LA GENERALITAT
La teniente de alcalde ha recordado que, para que la normativa entre en vigor, debe abordarse en la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat --el pleno municipal la aprobó en septiembre--, y ha avanzado que mantendrán una reunión este viernes para tratar de cerrar esta propuesta para hacerla efectiva "lo más pronto posible".
Ha resaltado que este "alud" de solicitudes de licencias y certificados podría haberse evitado si la aprobación inicial que se hizo en junio hubiera incluido la suspensión de estas licencias desde ese momento, pero ha dicho que ERC y PSC condicionaron su apoyo a que la medida no entrara todavía en vigor.
