El Gobierno municipal lo defiende como un "muy buen acuerdo"
BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Presidencia y Régimen Interior de Barcelona ha aprobado este miércoles sendas proposiciones del PP e ICV-EUiA con las que expresa su rechazo al reciente convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat sobre equipamientos penitenciarios por sus condiciones, y que incluye el traslado de la cárcel Modelo.
La ecosocialista añade respetar los compromisos en participación ciudadana alcanzados en 2009 para la conversión de la actual Modelo, y ambas proposiciones han contado con el apoyo del PSC, PP e ICV-EUiA; el rechazo del Gobierno municipal de CiU y, en cuanto a UpB, se ha abstenido a la de ICV y ha votado en contra de la popular.
La aprobación de estas proposiciones tienen un valor más bien simbólico porque el gobierno no está obligado a cumplirlas, y los grupos que las han apoyado han precisado que todos quieren una solución para la Modelo y la prisión de Trinitat Vella pero no que el consistorio construya una cárcel cuando le correspondería a la Generalitat.
Este último es uno de los puntos de fricción, ya que la operación de la Modelo puede llegar a costar 39 millones de euros, ante lo que el teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, ha dicho que la nueva cárcel la construirá el Ayuntamiento o un tercero, y que el retorno de la inversión está "garantizado" porque la Generalitat pagará un alquiler.
Gabriel Colomé (PSC) ha criticado que la prioridad del Gobierno municipal es "hacerse fotos y las finanzas de la Generalitat", Eduardo Bolaños (PP) ha afirmado que no vale cualquier solución para los centros penitenciarios, y Joaquim Mestre (ICV-EUiA) ve inaceptables las condiciones pactadas.
Para Vives, se trata de "un muy buen acuerdo para toda la ciudad", tras lo que ha citado a los vecinos, internos y funcionarios, mientras que el concejal de UpB Joan Laporta (DC) comparte el fondo del convenio y no pone pegas si el Ayuntamiento obtiene el 100% de los terrenos de la actual Modelo.
PAGO SALARIO PENDIENTE
En la comisión, el teniente de alcalde de Presidencia, Joaquim Forn, ha dado cuenta de un acuerdo con UGT y CGT para abonar los pagos pendientes de retribuir a personal laboral, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo, según la cual no se aplicó un aumento del 1% del salario fijado en los Presupuestos del Estado de 2007 y 2008.
Según Forn, la retribución pendiente se abonará en la nómina de noviembre, o cuando lo pidan en el caso de aquellos que ya no trabajan en el consistorio: se beneficiarán unas 900 personas y el teniente de alcalde estima que el coste de la medida para las arcas municipales no superará los 1,5 millones de euros.
