Asegura que cerca de 4.000 barceloneses están a la espera de una plaza pública
BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha cifrado este viernes el déficit de inversión de la Generalitat en residencias públicas para ancianos en 2.780 plazas menos --respecto al objetivo marcado por el mismo Govern en la programación 2008-2012--, así como un sobrecoste para las arcas municipales de unos 18 millones de euros anuales.
En una rueda de prensa, Ortiz ha explicado que el consistorio ha elaborado por primera vez un informe sobre la situación, con el objetivo de hacer una radiografía de la situación y afrontar el envejecimiento actual y futuro de la población, además de clarificar competencias entre administraciones y mejorar la colaboración en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (60% Generalitat y 40% Ayuntamiento).
Actualmente, Barcelona dispone de 13.051 plazas de residencia: el 42% (5.507 plazas) son públicas --ya sean propias, concertadas o colaboradoras--; un 46% (5.982) están ubicadas en centros privados pero disponen de una prestación económica vinculada (PEV), y el 12% restante (1.562) son privadas: "Tenemos infrarepresentación de la red pública en la ciudad".
En este sentido, Ortiz ha insistido en que, de las 5.507 plazas públicas, sólo un 30% son de gestión directa y el 70% restante las ofrecen proveedores privados, y ha recordado que, según el padrón, en enero de 2018 había 349.433 personas de 65 años o más, lo que representa el 21,5% del total, mientras que las proyecciones auguran que en 2030 el 8,3% de los barceloneses tendrán 80 años o más.
LISTA DE ESPERA
La edil ha subrayado que en abril de 2018 había un total de 11.273 solicitudes para entrar en una residencia y 8.063 personas inscritas en lista de espera --una misma personas puede presentar hasta tres solicitudes en distintos centros, y mientras espera la plaza puede en un centro concreto puede ingresar en otro--, aunque Ortiz ha advertido de que 3.942 esperan en su domicilio particular.
"Estas personas acostumbran a recibir la atención del Servicio de Ayuda en Domicilio (SAD), el Servicio de Atención de Urgencia a la Vejez (SAUV) o un equipamiento sociosanitario", y ha dicho que, sólo para atender a las personas que esperan en sus casas, se necesitaría incrementar un 72% las plazas públicas, y, que si se suman aquellas que esperan mientras están en otro centro, deberían crecer el 109%.
Además, Ortiz ha asegurado que la radiografía actual señala que la ciudad tiene 24.114 personas con un grado de dependencia reconocido I (15.394) y II (8.720) que no están en residencias públicas o concertadas, y de las cuales sólo el 10% (2.631) reciben una PEV, y que, aunque no estén el lista de espera ni hayan hecho solicitud, podrían tener derecho a una plaza pública.
También ha destacado que el presupuesto del SAUV ha pasado de 2,2 millones en 2011 a los 7 millones en 2018, y ha advertido que, a la falta de plazas, se suma el problema de la renuncia de plazas: en 2007 se produjeron unas 2.200 renuncias a plazas públicas, y la concejal lo achaca a la "lentitud para dar respuesta y asignar un recurso", ya que muchas personas buscan otras soluciones por su cuenta.
OFERTA INSUFICIENTE
El Ayuntamiento ha alertado de que el convenio firmado en 2005 con la Generalitat ya recogía la construcción de diez residencias --1.200 plazas--, de las que sólo se han construido cuatro --384 plazas--, y ha criticado que, según el Mapa de Servicios Sociales 2016 recoge que la cobertura de Barcelona es de un 1,57% frente al 2,5% del conjunto de Catalunya, sin computar los PEV.
Ortiz ha lamentado que la programación territorial 2015-2018 ya no contempla este análisis a nivel de ciudad, pero sí a nivel de comarca, y que sitúa al Barcelonès como zona prioritaria muy alta con una necesidad de incremento de plazas de entre 3.100 y 6.200, el 78% del total previsto para toda Catalunya: "Muchas veces la planificación se olvida de la proximidad de los usuarios con sus familias".
"No disponer de las 2.780 plazas previstas en la programación territorial 2008-2012 y que no se han construido le genera un ahorro anual a la Generalitat de cerca de 28,8 millones de euros", y ha asegurado que el consistorio también gasta 4,5 millones en 1.384 viviendas para ancianos; 11,5 millones en teleasistencia, y 600.000 euros al Respir Plus, entre otros proyectos específicos para ancianos.
MEDIDAS
Ortiz ha pedido crear un sistema de información periódico, transparente y ágil sobre plazas disponibles y listas de espera; un incremento de las auditorías sobre la calidad y la eficiencia del servicio que se presta; dignificar las condiciones laborales y profesionales del sector, y aprobar una Ley de Autonomía Personal que apueste por la desinsitiucionalización y la atención en el entorno habitual.
El vicepresidente del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, Joan Martínez, ha pedido garantizar la transparencia en las listas de espera para acceder a residencias, y ha pedido favorecer la participación de los ancianos en los espacios de participación para que "nadie decida por ellos", así como asegurar un espacio sindical, buenas condiciones y formación para los cuidadores.
