BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) ha delegado en los centros de atención primaria (CAP) y hospitales públicos la creación de un registro de objetores de conciencia, que por razones religiosas, ideológicas y morales se opongan a realizar un aborto, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En declaraciones a Europa Press, el jefe del Área de Praxis del COMB, Josep Arimany, ha explicado que la institución no cuenta con un registro, como sí sucede en otras comunidades como Madrid y Castilla y León, porque considera que debe ser cada centro quien ponga en marcha una iniciativa de estas características.
De lo contrario y teniendo en cuenta el carácter "anónimo" del registro, Arimany ha argumentado que "los centros no sabrían qué médicos han decidido objetar" y es en el conocimiento de estas circunstancias que se deben organizar los turnos para que en todo momento se pueda garantizar el derecho reconocido por la sanidad pública a abortar, ha añadido.
Deben ser los servicios de ginecología y gerencia los que deben gestionar este registro en cada centro, ha defendido Arimany, en la línea de la declaración aprobada por el COMB, a raíz de la aprobación de la nueva ley del aborto.
El jefe del Área de Praxis ha argumentado la ausencia hasta ahora de un registro, ni en los hospitales ni en el colegio, alegando que el 97 por ciento de los abortos se realizaban hasta ahora en clínicas privadas.
En cualquier caso, el colegio se ofrece para dirimir en los conflictos que puedan darse en la actividad diaria en el desarrollo de este derecho profesional y de las mujeres.
ACTUARÁ COMO ÁRBITRO
Y es en esta línea que el texto señala que esta tarea se realizaría con "confidencialidad y respetando los Comités de Ética Asistencial" de cada centro. Por ello, ha creado una comisión específica, dirigida por el mismo Arimany.
Los CAP catalanes comenzarán a dispensar la píldora abortiva RU-486 a partir de enero para las gestaciones de menos de siete semanas para descongestionar el aumento de la demanda en la red pública de hospitales.
