El fiscal señala "la sobresaliente cantidad de millones de euros de concursos amañados"
BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción señala "la sobresaliente cantidad de millones de euros de concursos amañados" en la investigación judicial sobre el presunto cobro de comisiones ilegales del 3% por parte de CDC a cambio de adjudicaciones públicas, y que según un informe de la Guardia Civil alcanzan los 175 millones de euros, que es la suma del valor de los más de 20 concursos.
Así se ha pronunciado el fiscal en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press dirigido al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) --que investiga esta causa-- para pedirle que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, ya que las elevadas cifras de la veintena de adjudicaciones bajo sospecha "conduce necesariamente a apreciar la grave repercusión en la economía nacional".
El fiscal justifica dicha petición por esta afectación a la economía nacional y la grave alteración en el mercado, por la especial complejidad debido a que en la causa hay más de 70 investigados y porque el perjuicio generado afecta a territorios de más de una audiencia provincial.
En el escrito, el fiscal recoge las conclusiones de un informe de la Guardia Civil en el que se hace un estudio preliminar de los concursos investigados en la causa y que concluye que el precio de las licitaciones ascienden a 218 millones de euros, con un precio total de las adjudicaciones de 175 millones de euros de más de 20 concursos.
"El hecho de que los resultados de concursos públicos de obra se vean predeterminados por la financiación de un partido político supone una grave alteración en el mercado y en la competencia empresarial", ha argumentado en su escrito el fiscal José Grinda.
En el caso están siendo investigados el exconseller y exdiputado en el Parlament Germà Gordó; los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar; el exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (CiU); el exdirector general de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell y el exconcejal de Barcelona Antoni Vives, así como varios empresarios.
Los presuntos delitos que se investigan son prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político.
VILOCA, "CONTROL EXHAUSTIVO"
Según el Ministerio Fiscal, la investigación ha acreditado que Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de CDC y de la Fundació Catdem, "llevaba un control exhaustivo" de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por las distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC, en sus palabras.
"Controla, en una primera instancia, de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas Catdem y Forum Barcelona", afirma.
Recuerda que en el despacho de Viloca se intervinieron anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas "con cuyos representantes se reunía previamente y de quieres se recibía donaciones para Catdem", y que las contratistas hacían donaciones cuando iba a producirse la publicación de las licitaciones o después de la adjudicación.
INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
En el estudio preliminar de la Guardia Civil de los expedientes de adjudicación de obras y servicios, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado concluye que, de los 24 expedientes bajo sospecha, el presupuesto de licitación agregado ha sido de más de 218 millones, y el importe de las adjudicaciones definitivas, de 168 millones, a los que hay que sumar más de seis millones por modificación de proyectos y prórrogas.
Según este informe, las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC que los investigadores han podido vincular a estos expedientes superan el millón de euros, además de que existen otro tipo de pagos como entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos en hotel y organización de cacerías.
OBRAS BAJO SOSPECHA
En su informe, la Guardia Civil cita más de una veintena de licitaciones de ayuntamientos como el de Lloret de Mar, Figueres, Olot (Girona), Sant Cugat del Vallès, Sant Fruitós de Bages, Sant Celoni, Mataró (Barcelona) y Torredembarra (Tarragona), entre otros, para obras tan diversas como parques urbanos, piscinas municipales, un centro de formación, centros de asistencia primaria, viviendas, carriles bici y centros cívicos, entre otros.
Entre las obras que aparecen en dicho informe, está el estudio del proyecto de construcción de la nueva estación de AVE en el Aeropuerto de Girona; el proyecto ejecutivo de los túneles de la plaza de les Glòries, en Barcelona; el mantenimiento de los centros escolares públicos de Barcelona y la remodelación de la avenida Paral·lel de la ciudad.
"PRESIONES"
En su escrito, el fiscal constata además las "dificultades" que han surgido durante la instrucción de la causa para designar a los peritos de la Intervención General y por las presiones que han recibido quienes han sido designados por el juzgado.
Ha apuntado que el propio juzgado destacó las "presiones recibidas por las peritas designadas para analizar los concursos bajo sospecha", desde la Dirección General de Administración Local, de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat.
Asimismo, el fiscal constata la "especial complejidad" de la causa tanto por los más de 70 investigados como por la necesidad de librar comisiones rogatorias y de contar con peritos expertos en materia tributaria y en contratación pública.
