Introducen la fórmula de reafirmase en los "objetivos políticos" de la resolución para llegar a un pacto
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
La CUP, JxCat y ERC han llegado a un acuerdo para transaccionar la moción que los 'cupaires' registraron en el Parlament pidiendo que la Cámara se reiterara en la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre de 2015 y que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió.
El nuevo documento consultado por Europa Press que han registrado juntos este miércoles por la tarde modifica el redactado de la reafirmación del Parlament en "los objetivos de la resolución" independentista, pero la reafirmación se mantiene añadiendo la fórmula 'objetivos políticos' y haciendo mención a otras fechas clave en el proceso independentista, como el 1-O y las últimas elecciones.
El nuevo texto "reitera los objetivos políticos de la resolución 1/XI, del 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso político en Catalunya como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, legitimados por los resultados del referéndum del 1 de octubre y las elecciones del 21 de diciembre de 2017".
El punto de la moción original de la CUP que hacía referencia a las actuaciones del Estado por medio de los tribunales, que critica "la judicialización y la persecución de actos consecuentes con el mandato democrático" del Parlament, y que se reafirma en conseguir democráticamente la independencia de Catalunya, queda intacto.
A este punto se añade un párrafo por el que se incide en las veces en las que el Parlament ha defendido el derecho a decidir, y la autodeterminación, y reitera su "compromiso en conseguir los objetivos políticos anteriormente expresados por vías democráticas y no violentas".
LEYES SUSPENDIDAS
Más allá de la declaración de voluntad de convertir a Catalunya en una república independiente, la resolución del 9N de 2015 incluía varios anexos en los que se recogían medidas concretas contra la pobreza energética y a favor de la educación, la sanidad o de un plan de choque social.
La CUP se apoyaba en la reafirmación del Parlament en la resolución independentista para forzar al Govern a recuperar 10 de estas leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional, que en el nuevo redactado suben a 14.
Tras la suspensión de varias de estas medidas, en la moción de los 'cupaires' pedían que el Parlament instara al Govern a hacer efectivo el contenido de los artículos suspendidos por el TC de leyes como la 24/2015 de emergencia habitacional y energética, de la ley de igualdad, del cambio climático, de la universalización de la Sanidad y la de los impuestos a las bebidas azucaradas.
También incluían recuperar las suspensiones en las modificaciones de los libros del Código Civil de Catalunya, de la ley de asociaciones de consumidores, de la Agencia Catalana de Protección Social, de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y de la ley de Comercio, servicios y ferias.
Todas ellas se mantienen en el nuevo documento y, además, se incluye recuperar la ley del Código Civil de Catalana relativa a las obligaciones, la del impuesto de los bienes de lujo y la de medidas urgentes para la ordenación de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas.
Por último, se incluye la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, que se modificó para poder investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a distancia y que también fue suspendida.
La que no aparecía en la moción de la CUP, porque quisieron poner el foco en las leyes sociales necesarias para la clase trabajadora, y que sigue sin aparecer en la nueva moción transaccionada es la ley de transitoriedad jurídica.
CAMBIO DE PLAZOS
Los 'cupaires' pedían un compromiso del Ejecutivo de Torra para concretar los tiempos en los que debe llevar a cabo la implementación de los artículos suspendidos, por ese motivo exigían que la Cámara instara al Govern a elaborar y presentar en un plazo de 90 días "el estado y el plan de ejecución de todas las medidas para hacer efectivo el contenido de las leyes suspendidas citadas", un párrafo que se mantiene.
Además, pedía instar al Ejecutivo de Torra a elaborar y presentar para su tramitación en un plazo de 90 días proyectos de ley donde recupere el contenido material de los artículos anulados por el TC con posterioridad a la aprobación de la resolución del 9N de 2015 que instaba al Govern a desobedecer al Tribunal.
Este punto ha quedado modificado y ahora incluye que lo que se presente pueda ser un proyecto de ley o la norma que corresponda para recupera los derechos de los afectados por la suspensión de las leyes y, además, se amplía el plazo de 90 días a seis meses.
En el plazo original, la CUP buscaba una rendición de cuentas del Gobierno que coincidiera justo con el primer aniversario del 1 de octubre, algo que ahora, prolongandos los plazos a seis meses, se traslada a 2019.
