26 de mayo de 2020
16 de enero de 2020

Un estudio revisará si 170 viviendas de un barrio de Sabadell se deben rehabilitar o derrumbar

Un estudio revisará si 170 viviendas de un barrio de Sabadell se deben rehabilitar o derrumbar
La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu; el presidente de l’Agènciade l’Habitatge de Catalunya, Agustí Serra, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, i el presidente de la Asociación de Vecinos de Merinals, Francisco García - EUROPA PRESS

SABADELL (BARCELONA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Ayuntamiento de Sabadell y la Asociación de Vecinos de Merinals han firmado este jueves un acuerdo por el que un estudio revisará si 170 de viviendas del barrio deben ser rehabilitadas o derrumbadas.

Las tres partes han sellado el pacto que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) será el encargado de elaborar el informe independiente que determine el estado de los bloques de pisos y fijar la actuación pertinente a llevar a cabo, así como una estimación del coste que se derive.

El texto también ha establecido que las tres partes se deben comprometer a aceptar y respetar la resolución de los expertos, además ha precisado que el equipo técnico debe estar compuesto de un especialista en aluminosis, otro en patologías estructurales y de construcción, entre otras especificaciones.

Otro de los compromisos es impulsar una mesa que, una vez esté hecho el informe, analice las fórmulas de financiación, así como la constitución de una comisión de seguimiento durante la elaboración, con dos representantes de cada una de las partes.

El presidente de la asociación vecinal, Francisco García, ha afirmado que se trata "de un paso más hacia una vivienda digna" y ha recordado que el vecindario lleva 28 años reclamando una solución a la reivindicación de los problemas de aluminosis que sufren estos inmuebles.

El presidente de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Agustí Serra, ha recalcado que "el 65% del parque inmobiliario catalán está envejecido" y que la problemática esta extendida por el territorio.

En 1992, el organismo catalán hizo un estudio que determinó que 592 casas debían volverse a construir por problemas estructurales y estas 170 se quedaron fuera del plan, después de años de reclamaciones este 2019 llegó el primer acuerdo entre la Generalitat, la administración local y los vecinos para que se elaborara este informe técnico y que ahora se plasmado con la firma.