Desde Fiscalía General se afirma que la Junta es un "mecanismo corrector" previsto en su Estatuto
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado (FGE) no se plantea por el momento la aplicación de ninguna medida disciplinaria contra los fiscales de Catalunya por oponerse a interponer una querella contra el presidente de la Generalitat y otros responsables del 9N, y defiende que se está cumpliendo la "normalidad estatutaria", aunque estas sanciones podrían darse de desobedecerse una segunda orden aunque de momento no se han incumplido obligaciones.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes fiscales, que explican que el Estatuto contempla sanciones por falta muy grave, como el incumplimiento de órdenes de un superior que produzcan una "alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía", según el artículo 62 del propio Estatuto, y llevaría aparejada la suspensión e incluso el traslado del fiscal infractor.
No obstante, en fuentes de la Fiscalía General se señala que éste no es el escenario actual y que la convocatoria el miércoles de la cúpula fiscal debe analizarse --pese a lo poco habitual de la situación-- en clave de "cumplimiento estricto del Estatuto por parte de todo el mundo".
JUNTA A LAS 10
De momento, según las fuentes consultadas, no hay más que una discrepancia jurídica y la convocatoria el miércoles de la Junta de Fiscales de Sala, que se reunirá a las 10.00, supone la aplicación de "mecanismos de corrección" previstos por el propio Estatuto ante las discrepancias jurídicas detectadas entre Fiscalía de Catalunya y Fiscalía General.
Las mismas fuentes explican que el principio jerárquico en el Ministerio Público no debe entenderse como un "ordeno y mando" ya que Fiscalía no es el Ejército, y debe entenderse como una forma de funcionar colectiva para garantizar la unidad de actuación de la Carrera, y añaden que "por el momento no se ha detectado que nadie haya incumplido sus obligaciones".
ANTECEDENTES: ERTOIL Y FAISÁN
Como antecedentes a lo que está ocurriendo, las fuentes consultadas por Europa Press citan lo ocurrido en julio de 2001 con el 'caso Ertoil', cuando el entonces fiscal general Jesús Cardenal asumió la decisión de la Junta de Fiscales de Sala de no imputar en este asunto al entonces ministro de Exteriores Josep Piqué: en ese caso, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí era proclive a citar al popular.
Otro caso de discrepancias entre el fiscal general y sus subordinados se produjo el pasado mes de abril, cuando Torres-Dulce ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en su escrito de acusación del 'caso Faisán': la orden fue cumplida aunque el fiscal del caso, Carlos Bautista, lo hizo invocando un artículo de estatuto haciendo constar dicha discrepancia.
JUNTA NO DESIGNADA POR TORRES-DULCE
La Junta que se celebrará el miércoles en la sede de la Fiscalía General está integrada por 25 fiscales, además de Torres-Dulce, y son de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido.
Del total, sólo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: se trata del fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recién designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, según las fuentes consultadas.
DECISIÓN NO VINCULANTE
La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.
Fuentes de la Carrera consultadas aseguran que, si la Junta se opusiera a la acción penal, lo que parece poco probable, la decisión de Torres-Dulce sería la de no interponer finalmente la querella.
La Junta la integran, además de Torres-Dulce, el teniente fiscal del Tribunal Supremo --el recientemente designado Luis Navajas-- varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.
Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta "asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal".
La reunión se celebra en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que ayer ordenó la presentación de la querella contra Mas y varios de sus consejeros.
La junta de fiscales celebrada este lunes en Cataluña expresó su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas y varios de sus consejeros por las acciones que desde la Generalitat pudieran haber llevado a cabo para la celebración de la consulta alternativa, al considerar complicado atribuirles un delito de desobediencia respecto de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
No obstante, fuentes fiscales aseguran que las diligencias abiertas en la víspera de la celebración del proceso participativo ya trabajan en relación con uno de los delitos, el de malversación, el único que por cierto no ven claro en la sede central de la Fiscalía. Mañana se estudiará si proceden los de desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones.
