El Alto Tribunal dictará la suspensión de la norma y del decreto y existen distintas vías legales contra quien no la cumpla
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha solicitado este sábado al Consejo de Estado la elaboración de dictamen sobre la constitucionalidad de la ley catalana de consultas que ha entrada este sábado en vigor y del decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación el 9 de noviembre, firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo solicita que se le envíen los informes en un plazo de 48 horas, con la intención de que el lunes por la mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúna el Consejo de Ministros y ordene la inmediata interposición de los dos recursos ante el Tribunal Constitucional.
La intención del Ejecutivo es que los recursos se registren el mismo lunes. Puesto que la semana que viene no está previsto un pleno del Tribunal Constitucional, el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, deberá convocarlo con carácter extraordinario para decidir la admisión a trámite de los recursos.
SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA
Sáenz de Santamaría ha recordado que el Ejecutivo solicitará al Alto Tribunal que suspenda la aplicación tanto de la ley como del decreto y que esta será efectiva con la admisión a trámite de los recursos. La suspensión tendrá efectos desde la misma entrada en vigor de los dos actos recurridos "y una vez suspendidos, no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarlos", ha advertido
Esa suspensión tiene una vigencia de cinco meses y transcurrido este tiempo, si el Tribunal no ha dictado sentencia, debe decidir si prorroga esta medida cautelar o la levanta.
La vicepresidenta ha advertido este sábado contra la interpretación de Convergencia de que, puesto que la suspensión es cautelar, la Generalitat podría tomar medidas también cautelares para desarrollar el decreto de convocatoria.
"La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto, de ninguna naturaleza, ninguno, ni con carácter preventivo. Se suspende y deja de producir efectos, porque se suspenderán los dos elementos, la ley y el decreto", ha respondido la vicepresidenta.
PRESERVAR LA JURISDICCIÓN DEL TC
Admitida la demanda, el tribunal de garantías dará traslado de la misma al Congreso, al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en quince días.
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para preservar su jurisdicción, "incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben".
Mientras tanto, el artículo 92 establece que este órgano puede "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó".
Fuentes del Gobierno han explicado a Europa Press que existen distintas vías contra el incumplimiento, si se diera, tanto de la suspensión de la ley catalana como del decreto de convocatoria. Se podría mantener la vía de recurso ante Tribunal Constitucional, pero también acudir a la vía contencioso-administrativa.
UN GOBIERNO INCOMPLETO
Los primeros pasos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y contra la convocatoria firmada por Artur Mas se han producido en ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que regresa hoy de un viaje oficial a China.
Además, no ha tomado todavía posesión el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sustituto desde el martes de Alberto Ruiz-Gallardón.
La toma de posesión tendrá lugar previsiblemente el lunes a primera hora, según informaron fuentes de Moncloa, para que el nuevo titular de Justicia participe esa misma mañana en el Consejo de Ministros que decidirá los recursos ante el Constitucional. Mientras tanto, la vicepresidenta ha asumido estas competencias.
Además, en ausencia del presidente, ha sido Sáenz de Santamaría la que firmado la solicitud de informe al Consejo de Estado.
El expediente lo envía formalmente el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien también recibirá el dictamen y lo elevará al Consejo de Ministros.
