BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la normativa catalana de equipamientos comerciales tras el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la medida del Govern de suspender la posibilidad de implantar nuevos equipamientos fuera de la trama urbana consolidada (TUC).
Así, el Govern ha pedido al alto tribunal que levante la suspensión cautelar que opera automáticamente tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno.
La normativa catalana establece una moratoria en la implantación de establecimientos comerciales fuera de la TUC mientras no se apruebe la nueva ley de comercio, servicios y ferias, que la Generalitat ha pedido al Parlament tramitar con carácter de urgencia ante las ingerencias del Estado.
De este modo, el Govern limita la implantación de equipamientos comerciales de media y gran dimensión en zonas periféricas, aislados de los núcleos urbanos.
'FRACKING'
La Generalitat también defenderá la constitucionalidad de prohibir la fractura hidráulica, conocida como 'fracking', cuando tenga un impacto negativo sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas y socioeconómicas de la zona.
Se trata del artículo 167.1 de la ley catalana de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que modifica la ley de urbanismo y que prohíbe el 'fracking' en las circunstancias detalladas, si bien el Estado considera que vulnera sus competencias de ordenación económica general y del régimen minero y energético.
Además, el Govern también defiende la disposición quinta de la ley, que establece el régimen transitorio del Institut Català d'Assistència y Serveis Socials (Icass), mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende que vulnera la reserva estatal de la entidad y el régimen económico de la Seguridad Social.
