BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprobado ese martes el nuevo Plan para el Derecho a la Vivienda de Catalunya, que tiene una dotación presupuestaria de 480 millones de euros hasta 2016 y que prevé beneficiar a 210.000 familias.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha explicado que hay tres grandes prioridades: evitar los desahucios, facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles e incentivar la entrada al mercado de alquiler social de viviendas que no están ocupadas.
Para evitar los desahucios, el plan prevé hacer este año 650 mediaciones hipotecarias --frente a las 400 que hizo en 2014--, destinar 500 pisos para situaciones de emergencia --frente a los 360 del pasado año-- y otorgar 7.700 prestaciones urgentes para familias en riesgo de perder su vivienda, frente a las 2.703 que se dieron durante el ejercicio anterior.
Por otra parte, el Govern está facilitando la vivienda a un total de 41.243 familias mediante tres mecanismos distintos: ayudas para pagar el alquiler, que actualmente reciben 18.949 familias; el parque público de la Generalitat, integrado por más de 14.000 viviendas y las bolsas de alquiler, que atienden a 9.341 familias.
Santi Vila ha asegurado que el Govern está haciendo un gran esfuerzo pese al actual contexto presupuestario en el ámbito de la vivienda: "Queremos evitar la exclusión de las familias y de los ciudadanos y que tengan garantizado el acceso a la vivienda".
El conseller también ha concretado que el plan incluye medidas de estímulo al sector de la construcción, para que "pueda retomar su actividad y vuelva a generar ocupación".
MÁS VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL
Para incentivar que se incremente el número de viviendas del parque de alquiler social, el Govern está negociando con las entidades financieras que ofrezcan sus activos a esta bolsa.
Ya ha firmado convenios con Catalunya Caixa y Bankia que han supuesto la cesión de 630 viviendas, y el próximo mes de junio firmará un acuerdo con la Sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) que permitirá incorporar 600 pisos más a esta bolsa.
El plan también prevé que destinar 170 millones de euros a ayudas para rehabilitar viviendas, flexibilizar el régimen jurídico de las viviendas protegidas de nueva construcción y que el Parlament modifique antes de verano el Código Civil catalán, para incorporar fórmulas intermedias de tenencia de pisos, como propiedades temporales, compartidas o derecho a superficie.
