BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los recortes sociales vulneran el derecho a la alimentación adecuada en Catalunya, según revela un informe elaborado por las ONG de derechos humanos Observatori Desc, Entrepobles y Educació per l'Acció Crítica-GIDHS, cuyos primeros resultados se han avanzado este jueves.
El 'Informe de derecho a la alimentación en Catalunya', que se presentará a final de año, constata la necesidad de "abandonar enfoques asistenciales y paliativos", y de abordar las causas estructurales de la malnutrición, han informado las tres entidades en un comunicado.
"Tener acceso a una alimentación saludable y suficiente es un derecho inherente a la dignidad humana", que en ningún caso puede ser ignorado por las administraciones públicas, que tienen la obligación de garantizarlo, señala el estudio.
Las elevadas cifras de paro y pobreza en Catalunya, así como las consecuentes deficiencias alimentarias de muchas familias, "demandan reformas estructurales para evitar la exclusión social, pero la respuesta de la Generalitat ha sido reducir en dos millones las becas comedor y restringir el acceso a la renta mínima de inserción (RMI)", una medida que dejó a 7.000 hogares sin ayudas entre 2011 y 2012.
Además, "las modificaciones restrictivas a la ley de dependencia hacen que el trabajo de cuidados, entre ellos la alimentación, recaiga progresivamente en el espacio privado, y muy especialmente en las mujeres", añade el informe, que indica que la regresión de estas políticas vulnera los compromisos adquiridos a nivel internacional de protección del derecho a la alimentación.
DOS CASOS
El estudio se centra en la privación a la alimentación en dos casos, protagonizados por los vecinos del los distritos barceloneses de Ciutat Vella y Nou Barris, para los que se han entrevistado a más de una veintena de entidades que gestionan ayudas alimentarias.
En estas entrevistas, se constata que "la falta de información y diagnóstico por parte de los ámbitos institucionales de atención a las personas impide hacer un análisis global de las necesidades alimentarias y de la situación de vulnerabilidad de la población".
"Esta carencia dificulta la actuación coordinada de las diferentes entidades y asociaciones, pese a la implicación en el ámbito alimentario de numerosos proyectos de barrio y comunitarios", señala el informe.
También se ha verificado que la compactación de los horarios en los centros de educación secundaria --ya en el curso 2012-2013 se aplicó en todos los centros de Ciutat Vella-- supone una "exclusión directa de las becas comedor de los estudiantes que podrían acceder".
El informe documenta que las políticas públicas de atención a personas empobrecidas "desconocen las necesidades alimentarias de la población, puesto que la entrega de alimentos se orienta más bien a compensar excedentes de la producción industrial más que a combatir la malnutrición".
"Las políticas públicas en materia de alimentación no pueden consistir, pues, en recortar ayudas por un lado --becas comedor, RMI-- y, por otro, en delegar la gestión de las ayudas a entidades privadas", concluye el informe.
